Cada vivienda de uso turístico en Galicia factura de media casi 9.400 euros al año

Los ingresos son un 63% superiores al alquiler convencional

El negocio neto para los propietarios ronda los 6.300 euros, una vez descontados los gastos de los arrendamientos

Salón de una vivienda turística en Ourense.

Salón de una vivienda turística en Ourense. / ALEN PÉREZ

Julio Pérez

La meteórica expansión de las viviendas de uso turístico va de la mano del bum también sin tregua en los viajes y de las facilidades para la comercialización con la irrupción de las plataformas tecnológicas. Esta nueva modalidad de alojamiento ganó entre 2010 y 2019 tantas plazas como las que reúnen los hoteles, las pensiones, los hostales y los apartahoteles juntos en toda su historia en los principales destinos del país. El crecimiento “de forma desbordante” supone “uno de los principales retos para la preservación de la vida local de los centros de las ciudades españolas, por cuanto llegaron casi a duplicar la carga turística en apenas una década”, señalaba Exceltur, el lobi formado por las patronales de los hoteleros (Cehat), agencias de viajes (CEAV), líneas aéreas (ALA), hosteleros (Hostelería de España) y alquiler de vehículos (Feneval), en un análisis de finales de 2022 sobre el fenómeno en colaboración con los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla y San Sebastián.

El incremento de los pisos y las casas vacacionales tardó algo más en dar el estirón en Galicia, que sacó su propia normativa para ordenar la actividad en enero de 2017. “En los últimos años comenzó a proliferar, tanto a nivel internacional como nacional, la tendencia de alquilar por días o semanas la vivienda habitual para fines turísticos, lo que se ha visto favorecido por el desarrollo de las nuevas tecnologías, dando lugar a la creación de empresas que a través de sus páginas webs ofertan este tipo de alojamientos para su contratación en línea de una manera rápida y sencilla”, señala el decreto autonómico en su preámbulo, con un reconocimiento expreso a la existencia de “problemáticas” de “diversa índole” como el “impacto económico-social, fiscalidad y tributación, garantía y seguridad de las personas usuarias, calidad de la oferta y satisfacción de las personas usuarias, molestias causadas a los residentes y a la ciudadanía, intrusismo y competencia desleal, entre otras”.

Vivienda de uso turístico.

Vivienda de uso turístico en Santiago / ECG

La obligación de inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia sacó a la luz los primeros datos oficiales sobre el número de viviendas turísticas en la comunidad: a 1 de enero de 2018 había 4.630 que sumaban 21.270 plazas. Superaban ya la capacidad de las pensiones (21.097), pero muy por debajo todavía de los hoteles (55.345). Desde entonces, la cantidad de inmuebles para negocio vacacional se multiplicaron por cinco –hasta los 23.772– y las plazas se dispararon a más de 126.500. Concentran el 42,5% de la oferta de alojamientos, según el balance que acaba de publicar la Axencia de Turismo de Galicia con las cifras de junio.

Al crecimiento de los visitantes y las opciones de gestión a través de plataformas digitales se suma como tercer ingrediente de la receta del éxito la gran rentabilidad para todas partes implicadas. En el caso de los propietarios, el ingreso medio por cada vivienda turística en Galicia ronda los 9.400 euros anuales, según se desprende de las declaraciones del IRPF de la pasada campaña con los datos económicos de 2022.

Solo recoge la información de particulares, no de empresas dedicadas al negocio del alquiler vacacional. En aquel momento había unos 13.700 inmuebles de particulares en la comunidad destinados a finalidades diferentes a la vivienda habitual. Básicamente de uso turístico, como explica la propia Agencia Tributaria. Facturaron casi 129 millones de euros. El ingreso medio es un 63% mayor al del alquiler convencional: 5.740 euros. Las propiedades de contribuyentes gallegos arrendadas como vivienda habitual en 2022 alcanzaron las 130.000 y los ingresos fueron 746,7 millones de euros.

¿Qué porcentaje de los ingresos por alquiler de viviendas para uso turístico se queda en el bolsillo de los dueños en Galicia? Cerca del 70%. El rendimiento neto alcanzó los 85,4 millones de euros (unos 6.300 euros de media por cada inmueble), tras descontar los 43,6 millones de euros notificados al fisco como gastos de arrendamientos.

Solo en un año, de 2021 a 2022, la cantidad de viviendas arrendadas a turistas y visitantes en Galicia creció un 13%; y los ingresos aumentaron el 28%.

Turistas con maletas en el centro de Santiago de Compostela

Turistas con maletas en el centro de Santiago de Compostela / Jesús Prieto

El Gobierno aboga por la prohibición en zonas tensionadas y por la regulación en el resto

La ministra de Vivienda defiende que la diversidad de España afecta también a la política de vivienda y que hay territorios, como las grandes ciudades y las zonas turísticas, donde hay que prohibir los pisos turísticos, mientras que en otros más despoblados basta con regularlos. “Si la apuesta tiene que ser la prohibición, como ha hecho el alcalde de Barcelona, porque no damos para más y con eso estaremos sacando 10.000 viviendas más para familias, jóvenes y trabajadores que la necesitan, perfecto, y si basta con su regulación, perfecto”, afirmó Isabel Rodríguez ayer en una entrevista en Antena 3.

La ministra puso a Castilla-La Mancha como ejemplo de comunidad donde este tipo de alojamientos tienen “ventajas desde el punto de vista de la fijación de población y del crecimiento económico”. En la ciudad de Madrid, en cambio, se ha mostrado partidaria de que las 10.000 viviendas de alquiler vacacional ilegal que el ayuntamiento calcula que hay (el 98 %) se recuperen para el alquiler tradicional, ya que junto con las 10.000 que se van a construir en la Operación Campamento sumarían una oferta nueva de 20.000 viviendas.

Tras apuntar que su departamento está trabajando con los grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que “va más allá” de la capacidad de las comunidades de propietarios para autorizar o vetar las viviendas turísticas, la titular de Vivienda y Agenda Urbana subrayó también la necesidad de reformar la ley suelo para desarrollar el parque público. Se mostró confiada en “conseguir el consenso necesario”, ya que, a su juicio, esta reforma, que el Gobierno retiró por no contar con el apoyo suficiente en el Congreso, fue “boicoteada por el PP” porque ella cometió el “error” de presentarla a debate parlamentario en plena campaña de las pasadas elecciones catalanas.

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