Radiografía de los delitos contra la libertad sexual en Galicia: dos personas juzgadas a la semana y el 63% son menores

Ya lo advirtió el nuevo fiscal jefe de Área de la Fiscalía de Santiago, Antonio Roma, durante su toma de posesión a finales de abril. La justicia debe adaptarse "al enorme número de delitos contra la libertad sexual, muy elevado por distintas razones que a lo mejor hay que explorar". Las audiencias provinciales de Galicia enjuiciaron el año pasado a casi dos personas a la semana por este tipo de delitos. Así se desprende de la Memoria de Actividades del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que el organismo ha hecho pública este lunes. En concreto, las audiencias gallegas celebraron el año pasado 79 vistas por delitos contra la libertad sexual, en las cuales se enjuició a 83 personas, la gran mayoría hombres.

Esto implica que, de media, se sentaron en el banquillo de los acusados casi dos agresores a la semana, teniendo en cuenta que agosto y los días comprendidos entre el 24 de diciembre y el 6 de enero son no inhábiles. En relación a estos casos, hubo un total de 88 presuntas víctimas, el 63,6% de ellas -56- menores de edad y el 89,7% tenían una relación previa con los acusados, casi siempre de su círculo familiar. Casi el 78% de los enjuiciados fueron condenados.

En Compostela, los delitos contra la libertad sexual registraron un aumento del 58,1% en 2023, según el balance anual de criminalidad del Ministerio del Interior. En concreto, este tipo de delitos aumentaron de 31 en 2022 a 49 el año pasado. Por tipología, la agresión sexual con penetración creció un 18,2%, de 11 a 13, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual se dispararon un 80%, de 20 a 36.

Ciberdelincuencia y agresiones sexuales, retos del nuevo fiscal jefe de Santiago Antonio Roma

El aumento de las agresiones

Según recoge la memoria del TSXG, los órganos de la Comunidad ingresaron 348.853 nuevos asuntos, lo que supuso un aumento del 4,7% con respecto a 2022. A pesar de ese incremento, mantuvieron su capacidad de resolución, pues finalizaron 318.860 casos, y registraron, a 31 de diciembre, 196.211 asuntos en trámite. Lógicamente, en estos datos tuvo incidencia la huelga de letrados de la Administración de Justicia y la del funcionariado. Justicia anunció, en el marco de la creación de unidades judiciales correspondientes al año pasado, una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de A Coruña y otra en la sección sexta de la de Pontevedra, así como un nuevo juzgado de Primera Instancia en A Coruña.

Sin embargo, tal y como recuerda en la introducción de la memoria el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, desde la Sala de Gobierno se habían solicitado otras ocho unidades judiciales, las cuales se ubicarían en Santiago de Compostela -dos de ellas-, Ourense, Ferrol, Vilagarcía, Viveiro, Ribeira y Carballo, además de otra plaza de magistrado en la sección penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra. En el mismo texto, Díaz-Castroverde incide en la necesidad de crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Santiago de Compostela, con competencia comarcal sobre ese partido judicial, Negreira, Padrón y Ribeira.

La formación de los jóvenes es clave

El balance también pone de relieve la importancia que para el TSXG tiene la formación, tanto la dirigida a la juventud como a los miembros de la carrera judicial. Durante el curso 2022-2023 participaron en el programa Educar en Xustiza 3.745 estudiantes de 96 centros educativos gallegos. La iniciativa, promovida por el Consejo General del Poder Judicial y el TSXG para que el alumnado conozca el funcionamiento de los órganos judiciales de la comunidad, se retomó de forma presencial.

Además, el pasado diciembre, la xunta de goberno del Concello de Santiago aprobó el Protocolo para el abordaje de las violencias sexuales y Lgtbifóbicas en espacios de ocio nocturno de la ciudad. El documento, respaldado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, busca proporcionar a los responsables y trabajadores de los establecimientos una herramienta integral para prevenir y abordar situaciones de violencia sexual y/o Lgtbifóbica de manera coordinada y unificada.