La Xunta cifra en 526 millones el sobrecoste de transferir la AP-9 a Galicia

La Xunta sostiene que el incremento de coste de la transferencia de la AP-9 a Galicia sería de 526 millones de euros adicionales a lo que ya está comprometido hasta 2048 (1.149 millones); mientras que un eventual rescate oscilaría entre los 1.612 millones y los 2.355 millones de euros. Así lo ha avanzado este jueves la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que ha presentado los datos de un estudio "independiente" elaborado por la consultora Eptisa.

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Martínez Allegue ha justificado este análisis en detalle del coste asociado al cambio de titularidad y a un eventual rescate tras "el baile de cifras" ofrecido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que habló de 2.000; 4.000 e incluso 6.000 millones de euros.

Durante una comparecencia ante la prensa, acompañada por el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez y por el jefe de proyecto de Eptisa, Marcos Maderuelo, ha asegurado que en junio ante esas cifras pidió transparencia y obtuvo "la callada por respuesta".

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a debatir la transferencia de la AP-9, una proposición de ley que incluye nuevas bonificaciones para usuarios y la eliminación del 1 % de coste adicional anual en los peajes durante veinte años, aprobada tras la ampliación del puente de Rande y del aumento de capacidad a su paso por Santiago de Compostela.

El cambio de titularidad

El titular de la vía es el Ministerio de Transportes, que la explota a través de una concesión que caduca en el año 2048, y que es objeto de controversia política ya que se trata de una ampliación de 25 años en el plazo inicial concedida en la época de José María Aznar y que está bajo la lupa de la Comisión Europea. A propósito de esto, la conselleira ha explicado que el cambio de la titularidad en sí no genera ningún coste y ha explicado que los 526 millones adicionales a lo que ya está pagando el Estado, que son 1.149 millones de euros, obedecería a la puesta en marcha de nuevas bonificaciones y de la eliminación del 1 % de la subida de peaje adicional durante veinte años.

En este sentido, si se consiguiese la titularidad y la Xunta decidiese aplicar bonificaciones adicionales a las previstas en la ley de transferencia, estas correrían a cargo de la Administración autonómica, ha reconocido el titular de la Agencia Gallega de Infraestructuras.

El estudio también analiza el impacto de un posible rescate, "como comprometieron PSdeG y BNG durante la campaña" de las elecciones gallegas de febrero, ha asegurado la conselleira.

Esa horquilla de entre 1.612 millones de euros y de 2.355 millones va en función de la denominada "tasa de descuento" que se aplique y que tendría que ser negociada bien con la concesionaria o bien objeto de litigio.

En cualquier caso, la conselleira ha asegurado que lo que pide la Xunta es lo que aprobó el Parlamento gallego por unanimidad y que se está tramitando en el Congreso, y es la transferencia de la titularidad; eso sí, con los costes de las bonificaciones que establece esa propuesta.