La hostelería prepara su ofensiva legal al registro de viajeros: «Es burocracia innecesaria»

A partir del próximo 2 de diciembre, los hoteles y agencias de viajes gallegos tendrán que proporcionar a la Administración de forma obligatoria más de 40 datos de cada viajero que se hospede en algún establecimiento de la comunidad. Así lo prevé el Real Decreto 933/2021, que, tras tres prórrogas, establece para el próximo mes la puesta en marcha de este nuevo registro de viajeros en todo el Estado. El cambio es contundente. Hasta la fecha, tan solo era obligatorio para estos negocios registrar 14 ítems, como nombre y apellidos y documentos de identidad. Pero, a partir del arranque del nuevo sistema, será necesario adjuntar datos como sistemas de pago, disponibilidad de conexión Wi-Fi en la habitación y otros asuntos que engrosan el listado del papeleo. Las multas para los establecimientos que no cuenten con el registro van de los 601 hasta los 30.000 euros.

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Ante el inminente cambio burocrático, que ya arrastra varios meses de polémica, el sector de la hostelería gallega se encuentra preparando la ofensiva legal para tratar de frenar la instauración del nuevo registro. «Todas las asociaciones autonómicas inscritas en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cetah) estamos estudiando la manera de poder parar esto», explica el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia (Cehosga), Cheché Real, que, además, indica que este aumento de la burocracia perjudicaría a los negocios más pequeños. «Son establecimientos hoteleros, no gestorías para tramitar papeleos. Muchos de ellos tienen una dimensión muy reducida, y, si hay que almacenar semejantes cantidades de información, la inversión será enorme», se lamenta.

Protección de datos

En concreto, el principal argumento al que se aferra la Cetah para impugnar el registro es su incompatibilidad con el ordenamiento jurídico europeo en materia de protección de datos, regulado en la actualidad por varios reglamentos y directivas. «Es fundamental que el Gobierno español se comprometa a trabajar con el sector para alcanzar una normativa que sea eficaz y compatible con las leyes europeas de protección de datos», señala el presidente de la Confederación, Jorge Marichal.

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Y es que el asunto ya ha traspasado fronteras. El pasado septiembre, varias patronales turísticas de toda Europa trasladaron una carta a diversas autoridades españolas exponiendo su preocupación ante la inminente entrada en vigor del registro. En detalle, en la misiva se hacía referencia a la sentencia C-817/19 del 21 de junio de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Cuando los Estados miembros exigieron datos PNR de las compañías aéreas para todos los vuelos intracomunitarios, el Tribunal dictaminó que una amplia recogida de datos personales solo está justificada en caso de amenaza terrorista aparente», indicaban. La carta no contó con una respuesta por parte del Gobierno; ante la ausencia de contestación, la coalición europea de asociaciones hosteleras mandó una segunda comunicación oficial el pasado 31 de octubre.