Policías y jubilados: el perfil de los mutualistas gallegos que optan por la sanidad privada
Más del 92% del funcionariado policial se decanta por las aseguradoras concertadas con Muface a la hora de escoger su prestación sanitaria, según la CIG, mientras que el Sergas es la opción preferida de los docentes universitarios

Concentración en Vigo de funcionarios convocada por los sindicatos policiales JUPOL, SUP y CEP ante las puertas de su mutualidad, MUFACE, para apoyar a esta institución, que les lleva prestando servicio desde 1975.

De los más de 91.600 mutualistas gallegos que gestiona la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el 42% (38.399 personas) se decanta por la prestación sanitaria que ofrece el Servizo Galego de Saúde (Sergas) frente al 58% restante (53.249), que elige para cubrir sus necesidades médicas a las aseguradoras médicas privadas que tienen el concierto con la entidad social: Adeslas, DVK y Asisa, las cuales concluyen su contrato con el Estado el próximo 31 de enero del 2025 sin intenciones de renovación, tal y como han comunicado las empresas. Esta es una de las conclusiones a las que llega el último informe elaborado por la Confederación Intersindical Galega (CIG), que, con los datos proporcionados por la propia Muface a noviembre del 2024, señala al personal docente universitario de la comunidad como los mutualistas que más apuestan por la sanidad pública a la hora de seleccionar sus prestaciones médicas y coloca a la sanidad privada como la opción predilecta entre el funcionariado policial.
Ese grupo global de 91.600 personas beneficiarias del servicio de Muface esta compuesto por otros muchos subgrupos. Por un lado está la distinción entre los mutualistas «obligatorios» y «beneficiarios» (casi 22.000 personas en la comunidad). Los primeros son los funcionarios civiles del Estado, cuya relación con la Mutualidad es totalmente obligada. Los segundos corresponden a familiares del anterior grupo que pueden percibir los beneficios de Muface. En este sentido, es importante hacer hincapié en el asunto de la prestación sanitaria, que puede ser pública o privada en función de la decisión personal que tome el mutualista. Dentro de esos «obligatorios» también figura aquel personal funcionarial en activo y el que está jubilado.
Teniendo todo ello en cuenta, la CIG pone de relieve en su informe las siguientes proporciones. El conjunto del personal funcionarial gallego en activo (39.238 personas) se reparte casi por igual entre las prestaciones de las aseguradoras médicas privadas (49%) y las del Sergas (51%).
Si a estas cifras se le añade el personal jubilado (26.000 personas), las proporciones cambian, ya que la mayoría de los mutualistas de este colectivo se decanta por la prestación sanitaria de las aseguradoras privadas: 19.000 personas frente a 7.000 que eligen el Sergas.
Sumando a estos mutualistas, el cómputo total queda así: el 58% opta por la sanidad privada y el 42% por la pública, un equilibrio similar si a ello se le añaden los beneficiarios, que se distribuyen de forma casi equitativa.
Con todo, el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño advirtió la semana pasada que si la sanidad pública asumiese el servicio de los mutualistas que están dados de alta en alguna de las tres aseguradoras privadas concertadas con Muface, el Sergas tendría que asumir el trasvase de más de 58.000 pacientes, algo que «incrementará la espera para cirugías y agravará la falta de médicos que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud».
Proporciones entre grupos
Lo cierto es que no todos los sectores laborales que comprenden el funcionariado se decantan de igual manera por la sanidad pública o privada. Así, el informe de la CIG destaca un colectivo muy por encima del resto a la hora de escoger al Sergas para su prestación médica: los docentes e investigadores del Sistema Universitario Galego.
Así, de las 3.163 personas que conforma un este grupo profesional, 2.060 tienen su prestación médica con el Sergas (el 65%) frente a los 1.103 docentes restantes que eligen a las aseguradoras privadas (el 34%).
Además, desde la CIG ponen énfasis en las tendencias que sigue el nuevo funcionariado docente que se va incorporando en la Administración: un 85% del profesorado gallego que aprobó las oposiciones en Galicia en los últimos cuatro años (6.429 personas) optaron por la sanidad pública a la hora de escoger su prestación sanitaria.
En el otro lado de la balanza se encuentran el funcionariado policial, que presenta una proporción mucho más desigual. De los 3.454 policías gallegos mutualistas, 3.201 optan por la sanidad privada (casi el 93%), mientras que los 253 agentes restantes están el Sergas (el 7,3%).
«Máis alá do futuro inmediato, caso de que finalmente se manteña a prestación privada, a previsión será a da tensión permanente cada vez que se renove o concerto porque, de manterse a tendencia actual, as cifras probablemente reforcen a opción pola pública», explican desde la CIG.
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