La Xunta destina 90 millones para resolver las ayudas a la dependencia en seis meses

Desde el 2017, más de 6.700 gallegos fallecieron mientras ocupaban las listas de espera de la dependencia según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales publicado este mismo mes. Un dato que probablemente no proporcione un fiel reflejo de cuál es la situación real, ya que el exceso de burocracia y un tiempo medio de espera de 387 días hasta acceder a un servicio o prestación hacen que muchas personas renuncien siquiera a iniciar los trámites. 

Una situación a la que la Xunta se ha propuesto poner fin en 2025, después de haber aprobado esta mañana un plan de choque con el que espera garantizar que a finales del próximo año la demora para acceder a una ayuda no exceda en ningún caso los seis meses que establece como plazo máximo la Ley de Dependencia, según explicaron el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, y la titular del departamento de Política Social e Igualdade, Fabiola García. 

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Para ello, la Xunta dotará el Plan de axilización e simplificación dos trámites de dependencia e discapacidade con 90 millones de euros y supondrá que el único trámite necesario sea la expedición de una solicitud ante los servicios municipales para el reconocimiento de la situación de dependencia. Se erradicará así la necesidad de acudir al doctor de cabecera y a la trabajadora social para obtener los informes médico y social precisos hasta este momento. Además, se pondrá en manos de los usuarios una plataforma de citación móvil y una asistente virtual con el objetivo de facilitar al máximo posible este trámite burocrático.

Otra de las novedades que introduce el plan reside en la instauración de un proceso conjunto para la solicitud de dependencia y de discapacidad, con un sistema de homologación entre ambas. Así, según explicó García, desde el 1 de enero, las personas que tengan reconocida la dependencia y hayan solicitado la discapacidad «obtendrán automáticamente el certificado». A las de grado 1 se les reconocerá un 33% de discapacidad, a las de grado 2 un 66% y las de grado tres tendrán acreditada una discapacidad del 100%. Asimismo, con el objetivo de mejorar la coordinación, la Xunta creará una jefatura del servicio de discapacidad en las cuatro provincias.

Por otro lado, los mayores de 80 años serán uno de los grupos con preferencia en las listas de espera. Una condición con la que hasta este momento únicamente contaban los menores de edad y los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Finalmente, tal y como avanzó el presidente Rueda el pasado jueves, los 2.700 dependientes que se encuentran en este momento en lista de espera recibirán desde el 1 de enero una «prestación inmediata». Tendrán que elegir, eso sí, entre el Bono Coidado no Fogar —dotado con 5.000 euros anuales para que un familiar se haga cargo del cuidado del dependiente— o bien, una ayuda económica vinculada al servicio de una residencia, un cuidador profesional o un centro de día.

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Con el objetivo de asegurar el éxito del despliegue de este proyecto, Fabiola García anunció la puesta en marcha de una «comisión de seguimiento, que se reunirá como mínimo de manera trimestral, para evaluar el funcionamiento del nuevo plan» y comprobar, así, si efectivamente está conllevando una «agilización del sistema en su conjunto». Otra de las patas importantes del proyecto reside en el lanzamiento de un programa de formación para todos los profesionales de los servicios sociales , así como un sistema de incentivos económicos para todos aquellos que diligentemente colaboren en la mejora y aceleración del sistema.

Ya a preguntas de los medios, Rueda puso el despliegue de este plan como un ejemplo de cuál es la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico de cara al 2025: «Seguir mejorando la gestión para contar progresivamente con unos mejores servicios públicos».