Las 23.600 viviendas turísticas gallegas tendrán que apuntarse en un registro estatal: «Quieren cansarnos»
La asociación Aviturga pone en duda que la norma los incluya mientras que los hosteleros aplauden la medida: «Que cumplan como todos»
Turistas en la Praza do Obradoiro, en Santiago / Antonio Hernández
Con la entrada en vigor del registro único de alquileres de corta duración, aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024 y que entró en vigor ayer, España se convierte en el primer país europeo en poner en marcha un sistema que recogerá la información relativa a los arrendamientos turísticos y de temporada que se ofertan en el país. Cada una de esas propiedades tendrá que registrarse para obtener un número de identificación con el que poder operar. En paralelo, se creará una ventanilla única digital en la que se recogerán y se intercambiarán estos datos. Todo, según el Gobierno, para dar más transparencia al mercado y frenar la escalada de precios del alquiler.
Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por dar un periodo de transición a los afectados para que se adapten a la nueva normativa, por lo que esta no se hará efectiva hasta el próximo 1 de julio.
La norma operará sobre alquileres turísticos, de temporada, de habitaciones o de otras propiedades —como barcos— que permitan el alojamiento de corta duración a cambio de una remuneración económica, siempre que se oferten a través de plataformas en línea como Airbnb o Booking.
En el caso gallego, la implantación de este nuevo sistema supondrá, en la práctica, un doble registro para las viviendas de uso turístico (VUT). La ordenación de este tipo de alojamientos se regula en Galicia a través de un decreto de 2017 que establece que estos deben inscribirse de oficio en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), en el que, en estos momentos, figuran 23.588 apartamentos, pisos y viviendas de uso turístico.
«Están buscando la forma de cansarnos para que dejemos de alquilar»
Los propietarios de las VUT: «Es un exceso de burocracia»
No obstante, en la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), que representa a los propietarios de estas VUT, no tienen claro si el nuevo registro acabará afectando a sus negocios. «Lo estamos estudiando», indica a este diario su presidenta, Dulcinea Aguín, que también cuestiona las fechas elegidas para la aprobación del Real Decreto 1312/2024, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. «Son unas fechas complicadas», lamenta.
A falta de analizar el decreto en detalle, Aguín sí cree que la redacción de la norma genera «confusión», pues se refiere a «cualquiera que dé alojamiento».
Recuerda además que las competencias en la materia son de la comunidad autónoma, que ya cuenta con un registro de viviendas turísticas. «Es un exceso de burocracia», cuestiona, al tiempo que culpa al Gobierno de «poner piedras en el camino» para «tapar la falta de políticas de vivienda que beneficien a la ciudadanía».
«Están buscando la forma de cansarnos para que dejemos de alquilar», lamenta Dulcinea Aguín.
Los hosteleros: «Que cumplan como nosotros»
La asociación Hostelería de Galicia aplaude la implantación del registro de alquileres turísticos, que responde, asegura su presidente, Cheché Real, a una vieja demanda del colectivo.
Aunque la entidad se ha mostrado muy crítica con el Gobierno por iniciativas anteriores como el registro de viajeros —recogido en el Real Decreto 933/2021 y que entró en vigor el pasado 2 de diciembre—, Real considera que en esta ocasión la Administración central acierta al dotar de más transparencia al mercado. «Lo que queremos es que cumplan como nosotros», señala el presidente del colectivo que aglutina a las cuatro asociaciones provinciales del sector.
«Todo lo que tenga que cumplir una habitación de hotel tiene que cumplirlo también una habitación de una vivienda turística. Y punto»
Argumenta que las viviendas turísticas son empresas que generan beneficios y a las que, por tanto, «debe exigírsele lo mismo» que a cualquier alojamiento tradicional. «Y, a partir de ahí, a competir en el mercado, pero, eso sí, jugando con las mismas cartas, no con cartas marcadas», aduce.
En este sentido, Real incide en que el consumidor «tiene derecho a saber que el alojamiento que contrata está cumpliendo la normativa en materia higiénico-sanitaria o contra incendios». Y, al mismo tiempo, los propietarios de estas viviendas turísticas «deben estar dados de alta como autónomos y pagar el IVA».
«Todo lo que tenga que cumplir una habitación de hotel tiene que cumplirlo también una habitación de una vivienda turística. Y punto», zanja.
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