Baltar niega que cometiese un delito vial: «Nunca superé los 200»

«Nunca superé los 200 kilómetros por hora», afirmó Manuel Baltar en el juicio en el Tribunal Supremo, celebrado este lunes, por un delito contra la seguridad vial que él y su defensa no admiten. Su tesis es que cometió una infracción administrativa ya pagada y que no llegó a rebasar el umbral entre la multa y el delito. Pero la Guardia Civil no tiene dudas. El actual senador del PP fue captado a 215 kilómetros por hora por un radar, cuando circulaba por la autovía A-52, en la provincia de Zamora, al volante de un vehículo oficial de la Diputación de Ourense, que por aquel momento aún presidía. Ese 23 de abril de 2023 era domingo.

Ese borrón de Baltar marcó la campaña de las municipales, pero no lo apartó de la carrera. Fue el resultado electoral insuficiente del PP de Ourense —por segundo mandato no alcanzó la mayoría absoluta en la Diputación—, el que aceleró la caída del baltarismo después de 33 años gobernando la provincia: 22 años de mandato de José Luis Baltar Pumar, el padre, y 11 años en el cargo de José Manuel Baltar Blanco, el hijo. Cerrado el relevo con la llegada de Luis Menor y designado Baltar como senador, el procedimiento se derivó al Supremo, la instancia judicial para los aforados. Los magistrados del alto tribunal decidirán ahora si la infracción del político ourensano al volante merece condena.

La Fiscalía, que critica a la defensa de Baltar por insinuar que la denuncia se propuso de «una manera torticera» para tratar de perjudicar al político en las elecciones, solicita 1.800 euros de multa así como un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. El abogado, que reprocha los «errores» y las «contradicciones» de la Guardia Civil, busca la absolución, alegando que la infracción fue administrativa, una multa, y que ya está saldada con el pago. En su informe, el ministerio público admitió que «sorprende que un atestado por un hecho tan simple contenga tantos errores», pero el fiscal reiteró que «está acreditado con pruebas objetivas que el acusado conducía el vehículo con un exceso de velocidad penalmente relevante».

«Me dijo el agente notificador que el radar había notificado 215 km/h y que si hubiera sido 216 km/h me hubiesen abierto un atestado, pero que era una sanción administrativa. Eso fue lo que se me notificó. Y una vez que dije que renunciaba a recurrir, me dijo: ‘Prosiga’», manifestó el senador en su interrogatorio.

Baltar alegó en el Supremo que, después de que los guardias le dieran el alto e hicieran las comprobaciones oportunas, le comunicaron que había cometido una infracción administrativa y que el pago de la multa conllevaba la finalización del proceso administrativo. En ningún momento —indicó—, los guardias le dijeron que sería investigado por un delito vial. El radar de la Guardia Civil de Tráfico detectó el exceso de velocidad de Baltar en el punto kilométrico 66,900, en el municipio zamorano de Asturianos. Conducía en sentido Benavente en un tramo de la A-52 limitado a 120 por hora.

En el juicio, un agente que intervino en el control aseguró que «la velocidad de captación fue de 215 kilómetros por hora» y que, aplicado un margen de error del 5%, como corresponde a este radar estático, la velocidad aproximada sería de «204 kilómetros por hora». Según el guardia, «no hay ninguna duda de que estamos ante un supuesto penal» porque se superan los 200 kilómetros por hora, el mínimo para ser considerado delito. «Nos sorprendió el paso del vehículo, estos excesos de velocidad no son comunes», dijo.

«Ante la duda que tenía como operador» en ese momento el agente, «se optó por la infracción administrativa hasta tener constancia del porcentaje de error que consta en el cinemómetro», declaró otro agente. Se le notificó una infracción administrativa y no una penal porque no tenían el certificado para aplicar el margen de error correspondiente al radar.

La defensa considera que se vulneraron los derechos del político. El abogado denuncia que el atestado que dio pie a la causa penal fue «modificado» entre 7 u 8 veces para «alterar» la velocidad.

La Fiscalía pide una multa de 1.800 euros y un año de privación del carné de conducir por un delito contra la seguridad vial.

Tras la reunión semanal del Consello, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego insistió en esperar al resultado de la vista que, en todo caso, tendrá una resolución «que poco tiene que ver con lo que se decía al principio». «De lo que algunos dijeron a lo que puede ser hay una enorme distancia», zanjó Rueda.

El secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, cargó, sin embargo, contra Baltar e ironizó que es un «ejemplo del capital humano que Alberto Núñez Feijóo quiere exportar al resto de España».

Rueda relativiza la gravedad de las penas de la Fiscalía

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prefiere ser cauto ante el juicio abierto contra Baltar por delito vial y aboga por «esperar» por la sentencia. En todo caso, incidió en la «gran diferencia» que existe entre lo que pide la Fiscalía como condena y las insinuaciones de los partidos de la oposición.