Más de 4.000 pacientes gallegos se sumarían a la lista de espera para operarse si Muface no se renueva

Tras años de elaboración y algún que otro de silencio administrativo, el esperado informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la viabilidad futura del sistema Muface en el funcionariado ha visto la luz esta semana después de meses de incertidumbre sobre la continuidad del convenio actual. El análisis del ente público fue encargado por el Gobierno central en el 2022 y entregado a este durante el 2024. Confeccionado con más de 400 millones de datos, llega a una conclusión contundente sobre el modelo de mutua vigente, que permite a los empleados públicos tener una cobertura sanitaria privada (unos 58.000 mutualistas gallegos eligen esta modalidad). Así, la AIReF señala que para que Muface sea viable en el futuro tiene que ser voluntario y el personal funcionarial ha de incorporarse «paulatinamente» a la sanidad pública. Sin estos cambios, el sistema no tiene ningún futuro, según el organismo público.

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Dejando a un lado el largo plazo, el presente es otro tema. El Gobierno espera tener este abril un nuevo convenio firmado con las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y Asisa para el periodo 2025 -2027, aunque todavía tiene que materializarse sobre el papel. En este sentido, es importante hacer énfasis en «lo paulatino» del proceso de cambio que reivindica la AIReF, ya que si el sistema Muface se descalabrase ahora, el Sistema Nacional de Salud (SNS) notaría las consecuencias. De este modo, la lista de espera para operarse en el Sergas se engrosaría en 4.000 pacientes de no continuar con el modelo mutualista; es decir, un aumento de 1,5 personas por cada mil habitantes y un incremento del 8,8% con respecto a la actualidad. A nivel nacional, este listado engordaría un 7,2% más.

Según los últimos datos brindados por la Xunta a cierre del pasado año, la espera media que realizan los gallegos antes de someterse a una cirugía es de 67,1 días. En este sentido, la Consellería de Sanidad realizó el pasado diciembre una previsión del impacto que tendría la supresión de Muface en las listas para operarse. Así, la incorporación de los mutualistas con cobertura privada retrasaría 11 días a mayores la demora para las cirugías, según el Ejecutivo autonómico.

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Atención primaria

Retomando el informe de la AIReF, la atención primaria y las especialidades en el Sergas también recibirían un buen contingente de nuevos pacientes en el caso de que el convenio de Muface no saliese adelante, algo que repercutiría en el número de consultas. En esta situación, el ente fiscalizador estima un crecimiento del 3,6% en las consultas en medicina familiar y de día. Si se tiene en cuenta la previsión del número de consultas realizada por la Xunta en el 2025 (29,4 millones), el incremento sería del orden de un millón de citas médicas más. Es decir, el total quedaría en 30,4 millones a final de año, cruzando ambas estimaciones.

Demoras para especialidades

El informe de la AIReF también prevé los efectos de un fin de la cobertura privada de Muface dentro de las consultas externas, como las especialidades médicas. En concreto, pronostica que la lista de espera para acudir a una consulta con un especialista incrementaría en 22 pacientes por cada 1.000 habitantes. Haciendo el cálculo, esto equivaldría a la práctica totalidad de los mutualistas de Muface: 58.000 personas. En términos porcentuales, esto equivale a un incremento del 27,5% con respecto al estado de estos listados en la actualidad, según la AIReF.

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A cierre del 2024, Sanidade cifraba la demora media en Galicia para acudir a una consulta externa con un especialista en 60,8 días.En cuanto al pronóstico de incorporar a los mutualistas con opción privada al Sergas, la Xunta cifró el aumento de retraso en cuatro días. Es decir, que el fin de la prestación privada en Muface supondría un retraso de 64 días para ser atendido en las especializaciones médicas.

En el plano económico, la publicación de la AIReF indica que el mutualismo administrativo supone un déficit en las arcas del Estado de 536 millones de euros, mientras que el cambio supondría un superávit de 573 millones con respecto a la situación actual. Con todo, el ente fiscalizador reitera que la conversión no se puede realizar de forma «inmediata».