Galicia asume su primera competencia en casi 17 años: gestionará su litoral a partir de julio

Galicia asumirá, a partir del 1 de julio, la gestión de su litoral. Se trata de la primera competencia que el Ejecutivo central transfiere a la comunidad en los últimos 17 años. Una vez se publique el real decreto de transferencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Xunta será la administración que tenga la capacidad de autorizar viviendas e industrias en primera línea de costa, así como gestionar las concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre, en el que el Gobierno gallego estima que hay unas 4.000 edificaciones, entre ellas alrededor de un centenar de empresas pertenecientes a la cadena de valor mar-industria.

Esta es la primera competencia que el Ejecutivo autonómico consigue del Estado desde el año 2008, cuando PSdeG y BNG gobernaban en bipartito. Durante la presidencia de Alberto Núñez Feijóo no se pactó ninguna transferencia, una puerta que, ahora, parece dejarse entre abierta de cara a seguir avanzando en el autogobierno en un futuro próximo.

La comunidad con más kilómetros de litoral se equiparará con la asunción de esta competencia, de este modo, a otras autonomías como Canarias, Andalucía, Baleares, Cataluña y País Vasco. Precisamente esta última comenzó a gestionar su costa el día 1 de este mes de abril, siendo su modelo el que la Xunta adoptó como hoja de ruta para tomar el acuerdo cerrado este miércoles.

Hasta la capital gallega se desplazó el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, quien tras casi tres años de desencuentro entre administraciones, selló con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el acuerdo en una jornada en la se repitieron las apelaciones a la «cogobernanza» y en la que coincidieron en que este traspaso mejorará la situación de la costa. Ambos ejecutivos se habían enzarzado, después de que la Xunta aprobase una ley autonómica ante la negativa del Gobierno de darle estas competencias. Esta cuestión llegó hasta el Tribunal Constitucional, quien terminó por dar la razón a la Administración gallega.

«Creemos en la singularidad de los territorios y en la cooperación estrecha entre administraciones»

Ángel Víctor Torres

— Ministro de Política Territorial

«Creemos en la singularidad de los territorios y en la cooperación estrecha entre las dos administraciones», señaló el ministro en la declaración institucional posterior a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en Santiago en la que se certificó la cesión y que fue, además, su último acto de estas características antes de someterse a una intervención por el cáncer que padece. Torres reconoció durante su intervención que la transferencia «quizás se podía haber hecho antes», aunque aseveró que «no era sencillo».

En el caso gallego, el traspaso contempla, en términos económicos, un abono único de 687.332 euros para compensar el uso de espacios, mientras que la partida anual para financiar los servicios transferidos será de 1.219.005 euros. Entre otras cuestiones, el Gobierno central seguirá fijando el importe de los cánones por uso del dominio público marítimo-terrestre o la potestad sancionadora.

Rueda, por su parte, declaró que solo aspira a que se pueda trabajar «mejor», al tiempo que incidió en que «no buscamos ningún tipo de enfrentamiento» con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que le agradeció «el mejor de los finales posibles». «Compatibilizaremos el respeto a nuestro tesoro, el medio ambiente, nuestros cientos de kilómetros de costa, con que haya una vida económica ordenada», apuntó sobre el traspaso que afectará de manera especial a los 75 ayuntamientos con costa. La Xunta prevé, además, llevar a cabo un nuevo informe sobre la situación que, en principio, se revisará en el Consello del lunes, donde se detallará más el nuevo escenario.

Reacciones en la Cámara autonómica

«Una competencia en 16 años, ¿qué quiere, que lo saquemos en volandas del Parlamento?», señaló con tono irónico la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante su intervención en la sesión de control que se celebraba en el Parlamento gallego. La líder de la oposición apostilló, asimismo, que «a este ritmo tardaremos 300 años en cumplir el actual estatuto».

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien había acudido hasta la estación de tren compostelana para recibir a Torres, destacó la muestra de «colaboración» del Gobierno central. Así, colocó en el lado contrario de la balanza a los populares a quienes acusó de querer «torpedear» los acuerdo, mientras el Ejecutivo de Sánchez «opta por colaborar».