La justicia europea se pronunciará sobre los parques eólicos de Galicia el 1 de agosto
La comunidad tiene más de sesenta proyectos de parques eólicos paralizados por decisiones judiciales cautelares de Tribunal Superior de Xustiza

Parque eólico en Galicia. / Julián Vázquez
EFE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el próximo 1 de agosto sobre los proyectos de parques eólicos que están paralizados en Galicia, ha anunciado este jueves la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez. "Estaremos muy atentos a lo que nos diga el TJUE", ha señalado Vázquez en declaraciones a periodistas, en las que ha detallado que la lectura de la sentencia será el 1 de agosto a las 10:00 horas.
La conselleira ha recordado que fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) quien elevó la cuestión a Europa, "a pesar de tener cuatro sentencias del Supremo que le dan la razón a la Xunta de Galicia". También ha destacado que la Xunta está "en la misma sintonía" que el Gobierno central y que otros países de la Unión Europea: "Lo que alegó el TSXG es que había una mala trasposición de la directiva europea, algo que no tiene sentido desde el momento en que han pasado ya doce años y nunca ha habido ningún tipo de problema".
"Lo que esperamos es tener seguridad jurídica, seguir con nuestro planteamiento y que Galicia tenga neutralidad climática en 2040. Si no seguimos por la vía de la energía limpia y verde, imposible y también inviable", ha concluido.
Galicia tiene más de sesenta proyectos de parques eólicos paralizados por decisiones judiciales cautelares del alto tribunal gallego, principalmente, a raíz de denuncias de asociaciones ecologistas y vecinales.
Este tribunal autonómico entiende que las administraciones tramitan de modo erróneo los proyectos eólicos por su posible impacto sobre el medio, al contrario de lo que han dictado otros tribunales españoles.
El TSXG elevó una cuestión prejudicial a la justicia europea para ver si tiene razón en sus planteamientos o si, por el contrario, son la Xunta y el Gobierno y otros tribunales españoles los que interpretan correctamente las normas.
Fuente: La Opinión A Coruña
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