Los efectos para Galicia de la nueva regulación de las viviendas turísticas: el 90% de las VUT "puede desaparecer"
Asociaciones de propietarios denuncian que el Real Decreto 1312/2024, además de incumplir la legalidad española y europea, condenaría a la expulsión del mercado a la mayoría de inmuebles
Vivienda de uso turístico ilegal precintada en Santiago el pasado año. / Cedida
Nueve de cada diez viviendas de uso turístico que operan actualmente en la comunidad podrían estar «condenadas a desaparecer» con la entrada en vigor el próximo 1 de julio del Real Decreto 1312/2024, que, entre otras cosas, obligará a los propietarios a obtener el número de inscripción en Registro de la Propiedad de sus inmuebles para poder comercializarlos a través de las plataformas digitales.
El cálculo lo ha realizado para el conjunto de España un grupo de asociaciones de propietarios de viviendas vacacionales, entre los que se encuentra Aviturga. Su presidenta, Dulcinea Aguín, confirmó en declaraciones a este diario que esa estimación sería extrapolable al contexto gallego.
En un comunicado de prensa, estas plataformas anuncian el inicio de una movilización contra el Real Decreto que, además de expulsar del mercado al 90% de los pequeños, contraviene, en su opinión, «principios fundamentales del ordenamiento jurídico español y europeo».
Este incumplimiento radica en que este registro nacional obligará a los propietarios a someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro, ya que actualmente todas las viviendas turísticas deben presentar una declaración responsable e inscribirse en un registro turístico autonómico. Un hecho que, según denuncian los propietarios, supone «una violación de artículo 4.3 d) del Reglamento europeo».
Por otro lado, la Ley Hipotecaria establece el principio de voluntariedad en la inscripción registral de las viviendas, algo que pasará a ser obligatorio con la entrada en vigor de la nueva norma.
Un hecho que en Galicia, por su propia idiosincrasia, y configuración territorial puede ser especialmente perjudicial. «Hay trámites que no son tan fáciles de hacer. A día de hoy, hay muchas viviendas que están pendientes de los informes de final de obra del ayuntamiento. En ayuntamientos pequeños, con servicios de urbanismo muy pequeños,hay gente que lleva esperando un año o un año y medio por este trámite, totalmente necesario para ir al registro», explica Dulcinea Aguín.
Este proceso conlleva, además, un coste económico de «más de 3.000 euros en la mayoría de casos entre notaría, registro y otros gastos». Un precio que los grandes patrimonios y fondos de inversión dedicados a esta actividad no tendrán problema en abonar. Es por ello que las asociaciones denuncian que se trata de «la mayor expulsión de pequeños propietarios de la historia del sector turístico español».
Las asociaciones, eso sí, aseguran que lejos de oponerse a la ventanilla única, proponen como solución la interconexión de ese registro estatal con los censos existentes en las administraciones autonómicas. En este sentido, Aguín asegura que es necesario «respetar» a los propietarios que ya estaban comercializando sus viviendas previamente al Real Decreto y, por otro lado «establecer una moratoria a su entrada en vigor», en espera de que se resuelvan los conflictos judiciales existentes. Cabe recordar que contra esta norma existen ya hasta «tres recursos» interpuestos en el Tribunal Supremo. «Todo esto está generando una situación de inseguridad jurídica», denuncia la presidenta de Aviturga sobre una situación a la que, en el caso gallego, hay que añadir un «montón de procesos judicializados» en las ciudades de A Coruña y Santiago por las diferentes regulaciones municipales contra estos establecimientos.
En esta pugna alrededor del Real Decreto, los propietarios tienen de su parte a la Comisión Europea que, según aseguran, «puso de manifiesto la clara ilegalidad en la que incurre la norma española por exigir un doble registro para el arrendamiento temporal de viviendas turísticas».
Desde Aviturga están tratando de que ese apoyo a los pequeños propietarios y la oposición al nuevo Real Decreto sea adoptado también por el Ejecutivo gallego. «Ayer mismo mantuvimos una reunión con Turismo para trasladarle nuestra preocupación sobre esta norma, sobre todo, teniendo en caso la casuística de Galicia», asegura Dulcinea Aguín.
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