Las muertes naturales copan la mitad del trabajo de los forenses: «Se les dedica mucho tiempo y recursos»
Los profesionales del Imelga esperan un cambio en esta tendencia, ya que a veces «contradicen los parámetros del código ético»

Un accidente de tráfico mortal en Galicia / Emilio Pérez

Muertes por accidentes de tráfico, traumatismos, envenenamientos o lesiones por arma blanca. Las razones por las que el Servicio de Patología del Instituto Galego de Medicina Legal (Imelga) puede investigar un óbito violento, siempre bajo amparo judicial, son dispares, si bien esta no es su única labor.
En los últimos años, las investigaciones de decesos por causas naturales no han dejado de incrementarse, algo que preocupa a sus responsables, puesto que «se dedica mucho tiempo y recursos a investigar estas muertes, cuando nuestras competencias se centran en las violentas o sospechosas de criminalidad».
Esto se ve reflejado en la memoria de trabajo del Imelga, con datos referidos al pasado año, en la que las muertes violentas(1.006) que pasaron por el Servicio de Patología apenas superan a los fallecimientos por razones naturales (1.002). Esto supone una pequeña diferencia con respecto a 2023 o 2022, donde los fallecimientos naturales tomaron la delantera.
Un nuevo protocolo
El Imelga confía, de cara a los próximos años, en que haya un cambio en la tendencia, tras la publicación el pasado mes de octubre del Protocolo de coordinación de actuaciones en las defunciones y su certificación, hecho en colaboración con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). «Esperamos que sirva para evitar el paso por el medio judicial de familiares de pacientes con patologías crónicas», señalan desde el órgano público.
Las patologías cardiovasculares son la causa más común de decesos naturales, aglutinando el 74,3% de los casos. Estas muertes tienen lugar, en la mayoría de ocasiones, de forma rápida y repentina, sin que dé tiempo a recibir asistencia médica, lo que tiene como consecuencia que se derive la investigación a los juzgados.
No obstante, la memoria del Imelga apunta que «estas muertes, en la mayoría de los casos, suceden en personas enfermas, con o sin tratamiento, de cuyas patologías con conocedores los servicios médicos asistenciales y, por lo tanto, los que deberían ser responsables de la emisión del certificado de defunción».
Destacan también las muertes por patologías digestivas, infecciosas, respiratorias u oncológicas. Precisamente sobre esta última, alegan que «ya eran personas diagnosticadas y tratadas, por lo que hacer pasar por un procedimiento judicial a las familias es contradecir los parámetros del código ético y deontológico de la profesión médica».
Dentro de las muertes violentas, las más habituales son la que se producen de manera accidental (621), dentro de las que se engloban uno de los grandes problemas de seguridad: los accidentes de tráfico. Además, el año pasado el Servicio de Patología Forense investigó 300 suicidios en la comunidad autónoma y 17 homicidios.
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