El plan del Gobierno amenaza con dilatar hasta 10 años el desenlace del caso AP-9

El Ministerio de Transportes anticipaba el miércoles tras hacer pública su «respuesta amplia» a la Comisión Europea (CE) una larga batalla jurídica y administrativa en relación a la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048. «Esta fase no supone todavía el final del procedimiento», reiteraban fuentes del ministerio liderado por Óscar Puente en la línea de lo que ya decían el pasado 17 de julio, cuando se conoció el demoledor dictamen motivado de la CE que certificaba la ilegalidad de prorrogar la concesión en el año 2000, decisión adoptada por el Gobierno del PP presidido por José María Aznar.

Muy probablemente, Moncloa ha tomado nota de lo sucedido con el procedimiento que inspiró la denuncia presentada por En Colectivo en 2020, relacionada con la concesión prorrogada de la autopista italiana A12 entre Livorno y Civitavecchia y que anticipa que el plazo para conseguir una salida favorable para los intereses de los gallegos podría demorarse hasta una década más.

En el caso de la infraestructura del país transalpino, según consta en la documentación publicada por el TJUE cuando emitió la sentencia en 2019, la denuncia ante la Comisión Europea se había presentado en 2009. Fue entonces cuando se puso en marcha el reloj para Bruselas, que no se detuvo hasta bien entrado 2023, cuando finalmente Italia tiró la toalla y asumió que la única posibilidad que le quedaba, tras varios apercibimientos de sanción, era cumplir con lo ordenado y anular la prórroga de la concesión, que finalizará en 2028.

En todo ese tiempo que transcurrió desde 2009, la Comisión Europea, al igual que ha pasado en el caso de la AP-9, trató de solucionar el conflicto por la vía del diálogo, pero «a raíz de varios contactos infructuosos», se vio obligada a enviar primero un requerimiento en abril de 2014 y, seis meses más tarde, un dictamen motivado, como sucedió con España en julio de este año.

Pese a que se celebraron reuniones entre ambas partes, un año y medio más tarde, en marzo de 2016, dio un ultimátum al Gobierno de Italia, que no adoptó las medidas solicitadas y, por tanto, fue denunciado ante el TJUE en septiembre de 2017, mientras que dos años más tarde sería cuando el tribunal comunitario dictaría la sentencia que condenaba al país transalpino, que se resistió todavía unos años más hasta que no le quedó otra salida que acatar la resolución.

Presión

Las cartas que España ha puesto sobre la mesa invitan a pensar que todo acabará encallando en la vía judicial dilatando en el tiempo la resolución del caso AP-9, algo que para la Xunta resulta incomprensible, como reiteró ayer la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que urge al Gobierno central a tomar ya la decisión de rescatar la concesión con la herramienta jurídica que considere. «Sírvenos calquera opción pero que sexa a menos gravosa, pero hai que liberalizar as peaxes», destacó Martínez Allegue, que pidió también al Ejecutivo transparencia y acceso al expediente sobre la autopista. «Ata en cinco ocasións soliciteu unha reunión co ministro e non houbo resposta a pesares de que Galicia é parte implicada, polo que se é preciso acudiremos á vía xudicial», desveló la conselleira, anunciando también un frente común con Asturias y Castilla y León, ambas afectadas también por la prórroga ilegal de la concesión de la AP-66.

La réplica a Martínez Allegue llegó por parte del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, molesto después de que la conselleira autonómica tratase de desviar el foco al ser preguntada por la responsabilidad del PP en todo este tema, ya que fue el Gobierno de José María Aznar el que prorrogó ilegalmente la concesión de la AP-9. «É tempo de progresar, non buscamos culpables das prórrogas, que tamén houbo unha do PSOE, estamos en 2025 e o que esiximos por unanimidade do Parlamento é o rescate», dijo Allegue.

Pedro Blanco criticó a la Xunta por «perder a oportunidade de pedir perdon ós galegos pola decisión do PP de Aznar de hipotecar a Galicia durante décadas». El delegado del Gobierno puso en valor otra vez la política de bonificaciones de los peajes del actual Ejecutivo «cando o PP non fixo nada durante anos, calando e non movendo un dedo».

Un día más, por otro lado, también el BNG trata de meter presión, en este caso con una carta remitida por su portavoz nacional, Ana Pontón, al ministro Óscar Puente, para pedirle el rescate «sin más dilación aprovechando la puerta que abre el dictamen» emitido por la Comisión Europea. «Hay que aprovechar para que los gallegos dejemos de pagar unos peajes injustos, discriminatorios y, además ilegales», señaló Pontón, que recuerda también que el informe encargado por su partido cifraba el coste del rescate en 904,7 millones.

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