Los jueces gallegos, al límite: cada uno acumula 850 casos sin resolver

Juzgados «al límite». Los tribunales gallegos arrastran desde hace años montañas de casos que, pese a aumentar los asuntos resueltos, el ritmo de ingresos es mucho mayor. Esta litigiosidad al alza desborda cada vez más a la Administración de Justicia, un problema agravado por la falta de medios que denuncian en cada comparecencia pública jueces y magistrados. En solo cinco años el volumen de procesos que se acumulan en los juzgados de Galicia se disparó un 40% al pasar de los casi 156 al cierre de 2019 a los cerca de 218.000 de 2024, lo que se traduce en una tasa de asuntos sin resolver de 807 por juzgado frente a los 590 del año preCOVID, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El arranque del año muestra un empeoramiento de esta situación, con 842 casos de media por juzgado a la espera de resolución. Esta tendencia constata el problema de congestión cada vez más grave que afecta a los tribunales en Galicia, con más del doble los asuntos acumulados por órgano judicial que los resueltos en este primer trimestre de este 2025 (385).

En la apertura del año judicial, el nuevo presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, cargó contra el abuso que se hace en la actualidad de la Justicia y también de la falta de medios. «No se puede pretender judicializar cada disputa, no todo puede ni debe llegar a los tribunales», cuestiona, al tiempo que advierte de la situación límite en la que se encuentran los juzgados de lo Civil, donde se llega a superar el nivel de carga de trabajo en más de un 200%.

En solo cinco años, los asuntos judicializados en Galicia casi se triplicaron: de los casi 150.000 registrados en 2019 se pasó a más de 386.000 el año pasado, mientras los resueltos repuntaron poco más de un 11%: fueron 361.000 en 2024 frente a los 325.072 del año prepandemia. Ante una Justicia cada vez más «tensionada», según califica Picatoste, la necesidad de más medios apremia: «Galicia necesita más plazas judiciales y plantillas dimensionadas según su carga de trabajo», reivindica.

Jueces, magistrados y abogados esperan que la mediación que impone a casos de divorcios alivie la sobrecarga en la que están inmersos los juzgados. En especial, los procesos de divorcio —que representan una parte significativa de los litigios civiles— se han convertido en el terreno ideal para aplicar esta herramienta que recoge la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. En la actualidad son dos los procesos que más nivel de saturación dejan en los tribunales de la comunidad.

Esta práctica, basada en un modelo de «copia y pega» de demandas con escaso recorrido jurídico, está contribuyendo a la saturación de un sistema ya sobrecargado

Por un lado, la proliferación de demandas por tarjetas 'revolving' y cláusulas suelo ha generado una litigación masiva en Galicia, con cientos de reclamaciones por deudas de escasa cuantía. En muchos casos, las demandas se presentan sin aportar siquiera datos sobre el paradero del demandado, lo que dificulta su tramitación.

Desde el sector judicial gallego se advierte que esta práctica, basada en un modelo de «copia y pega» de demandas con escaso recorrido jurídico, está contribuyendo a la saturación de un sistema ya sobrecargado. Los profesionales reclaman medidas que frenen esta dinámica y permitan centrar los recursos en casos de mayor relevancia y complejidad.

Y por otro lado, detrás de este colapso está en buena parte el «abuso» en los asuntos de familia que «cada vez se judicializan más», apuntan fuentes judiciales apelando a un «uso racional» de la Justicia. Tras el estallido de la pandemia, los juzgados gallegos se vieron desbordados por cientos de demandas de padres divorciados, muchas centradas en la vacunación de menores. También se dispararon los litigios por cuestiones aparentemente menores: si un hijo podía asistir a una excursión, realizar un viaje de fin de semana o disfrutar de unas vacaciones.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia, los procedimientos relacionados con impagos, divorcios y desahucios deberán someterse obligatoriamente a un proceso de mediación antes de llegar a juicio. En el caso de reclamaciones de deuda, la normativa exige además que el demandante aporte todos los datos identificativos de la persona a la que se reclama el pago. Esta medida busca reducir los tiempos de resolución, los costes judiciales y la carga emocional que suelen acompañar estos procesos. Desde el sector judicial y la abogacía en Galicia, se espera que la obligatoriedad de la mediación contribuya a descongestionar los juzgados, permitiendo que los casos se resuelvan de manera más ágil, eficiente y personalizada.

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