Galicia ya es la autonomía con menos desigualdad pero la vivienda sigue siendo el principal problema

El 18,8% de la población gallega vive en riesgo de pobreza o de exclusión social —lo que se conoce como tasa Arope—. De ese porcentaje, 228.000 son hombres y casi 281.000, mujeres. En 2024, el 7,1% de la población menor de 65 años en Galicia vivía en hogares con baja intensidad en el empleo —un indicador denominado BITH—, lo que se traduce en unas 141.000 personas. Además, las tasas de Carencia Material y Social Severa (CMSS) —que implican que, por ejemplo, en una vivienda no se pueda poner la calefacción— son más elevadas en aquellos que viven de alquiler, un 14,6%, frente a los que son propietarios, un 2,9%. La CMSS también se ensaña con las personas con discapacidad, un 7,9%, más de cuatro puntos por encima de aquellas que no (un 3,5%).

Estas son algunas de las cifras que resonaron en Parlamento de Galicia, por primera vez, este viernes. Fue durante la presentación del decimoquinto informe O Estado da Pobreza en Galicia, de la Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-Galicia), que «tras años de datos negativos», en palabras de Ana Pardo, presidenta de la EAPN gallega, celebraba una reducción de los índices de pobreza y exclusión social en la comunidad. El acto contó con las intervenciones del presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández y también de la EAPN-Galicia representada por su presidenta, por el director, Xosé Cuns, y por la responsable de investigación, Nerea Rivero.

El informe celebra un notable alivio en las tasas de pobreza, de exclusión social y de desigualdad, que se redujeron considerablemente con respecto al análisis anterior, del año 2023. En especial, el baremo de la pobreza se mantiene por debajo del conjunto estatal, «donde la tasa Arope baja del 26,5% al 25,8% en 2024», según el documento presentado. El número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social disminuyó en 180.000 respecto a 2023.

También se redujo la cantidad de hogares con menores que viven bajo estas condiciones, situándose en un 15,7% frente al 21% del año pasado. Lo mismo ocurre con las familias monoparentales, cuya tasa Arope se sitúa en un 50,3%, un descenso de más de 2 puntos que, a su vez, permite reducir la pobreza infantil en Galicia.

Pero no es oro todo lo que reluce. «El informe, vamos a decir, es positivo, pero tenemos que tomarlo con prudencia», concluyó el presidente del Parlamento.

«Conviene tener cautela»

¿Los motivos? La brecha de género persiste, y es que a pesar del aumento del empleo femenino (con una tasa BITH del 7,5%) y de una menor distancia salarial, todavía se mantiene una mayor precariedad laboral y pobreza entre las mujeres. Esto condiciona a las trabajadoras a percibir ingresos y pensiones más bajas.

Además, tener una discapacidad es un factor determinante y que predispone a la persona a encontrarse en estas circunstancias. Y es que los individuos con alguna discapacidad tienen una tasa Arope del 28,7%. Para los que no tienen ninguna condición de esta clase, la tasa corresponde a un 15,8%.

Por otro lado, aunque los elementos que conforman el indicador de CMSS muestran una mejoría, es «alarmante», según la EAPN, la cantidad elevada de personas que «no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada», un 16,6%, o que no pueden enfrentarse a gastos imprevistos, que suponen alrededor de un 27%.

Siguiendo esta línea, el indicador de Carencia Material y Social Severa se eleva considerablemente sobre aquellos que son inquilinos en comparación con los propietarios: un 14,6% contra un 2,9%.

Aunque la renta media de cada gallego también experimentó un ligero crecimiento, «la vivienda sigue siendo un factor de empobrecimiento», lamentó Pardo. Y es que según el informe, los gallegos destinan un 33,2% de sus ingresos a pagar su vivienda. Esta cifra, por supuesto, es más alta para aquellos que viven en una situación de pobreza: un 22,6% tiene que invertir en el alquiler casi la mitad de su renta, un 40%.

Además, el informe también detalla que un 5,1% de la población de Galicia habita inmuebles «con falta de espacio». Este dato ilustra la subida constante del precio de la vivienda, puesto que «este resultado crece 0,6 puntos con respecto al año anterior».

El gasto social por ciudades

Por primera vez, el informe sobre O Estado da Pobreza en Galicia ofrece un desglose de cuánto invierten los principales concellos en materia social. Santiago, Vigo y Pontevedra todavía están a la cola, siendo las que menos dinero público destinan a esta partida. En concreto, la capital gallega invierte 89,59 euros por habitante. Por detrás, la ciudad olívica, que gasta 72,79 euros por habitante. Y última, Pontevedra, la que menos gasta en materia social, menos de 50 euros por ciudadano.

En el otro lado, los concellos A Coruña y Lugo son los que más dinero público invierten en ello: 126 y 108 euros, respectivamente.

Tanto Santalices como Pardo pusieron en valor el sistema de pensiones y el papel de las Administraciones Públicas, cuyo impacto contribuye a reducir el índice de pobreza. «Sin el Estado de Bienestar, sin pensión de jubilación, sin las medidas de políticas de riesgo, sin el Ingreso Mínimo Vital, sin educación pública... estaríamos hablando de que 760.000 gallegos y gallegas más estarían en una situación de pobreza, y no lo están», consideró la presidenta de EAPN-Galicia. Sin embargo, recordó que es necesario «modificar la Ley de Inclusión Social, apoyar a las familias monoparentales y asegurar programas de inclusión laboral».