Galicia impulsa una alianza para reclamar un presupuesto europeo «más justo con las regiones»

Santiago de Compostela fue este martes el escenario en el que la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) unió fuerzas y selló una postura común, denominada como ‘Declaración Galicia’, en la que reivindican una revisión de la propuesta de la Comisión Europea (CE) para el marco financiero plurianual 2028-2034, que propone la agrupación en un mismo marco 14 fondos actuales. Entre las principales demandas del documento firmado en la capital gallega está una gestión descentralizada de los fondos y unas cuentas comunitarias que sean «equilibradas y juntas con las regiones».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ejerce en este momento como líder de la delegación, fue el encargado de abrir una reunión extraordinaria en la que definió el momento actual como «crucial»: «Se están tomando decisiones que nos van a afectar muy directamente. Necesitamos avanzar hacia una Unión Europea más fuerte, cohesionada y cercana».

«Hay que garantizar que Europa sea un proyecto de las personas, no solo de las instituciones», reclamó, en un foro en el que lo acompañaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y su homólogo de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos. Rueda pidió, de este modo, que «se escuche y respete a los territorios» para «avanzar en un presupuesto ambicioso, pero equilibrado y justo».

Para ello, señaló, es «esencial» mantener la participación efectiva de los gobiernos regionales y locales, al ser estos lo que mantienen una mayor proximidad con la población. El mandatario gallego definió, así, la cohesión territorial como «el corazón» de la Unión Europea: «No puede ser sustituida ni diluida».

En la misma línea habló Calvo, quien fue el encargado de clausurar el encuentro: «Es el primer paso de muchos que quedan por dar, pero es importarlo darlo todos juntos». El conselleiro de Presidencia puso, además, el foco en el Gobierno central, al que apeló a defender la postura acordada entras las comunidades.

‘Declaración Galicia’

Con un rechazo manifiesto a la propuesta de las cuentas de la CE, en espacial a los llamados planes de colaboración nacional y regional, la ‘Declaración Galicia’ expone que, al concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo, la vivienda o la defensa, se «plantea un dilema de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y reducir su eficacia».

Esto, detalla el texto compartido con los medios de comunicación, «da pie una centralización de los estados miembros en detrimento de su organización competencial propia, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto». Con veinticinco puntos divididos en seis áreas temáticas diferentes, la ‘Declaración Galicia’ asegura que esto puede «comprometer el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión».

Entre otras cuestiones, la delegación española en el CdR considera que a la propuesta de la CEl le «falta ambición», al estar «por debajo del 2% de la renta nacional bruta de la UE, muy inferior al peso relativo de los presupuestos del resto de administraciones públicas». Además, pide que exista un sistema de reparto entre los estados miembros y las regiones que «tenga por objetivo reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones».

Pesca y agricultura

La ‘Declaración Galicia’ hace hincapié también la necesidad de «garantizar la viabilidad» de dos sectores: la pesca y la agricultura. Por ello, se manifiesta «inquieta» ante la reducción, en términos reales, de la financiación destinada a la política agrícola común (PAC) como a la política pesquera común (PPC).

Alerta, asimismo, de la introducción de «cofinanciación nacional» de ciertas medidas que en la PAC actual son financiadas al 100% por los fondos comunitarios, lo que implicaría «un mayor esfuerzo» de las administraciones a la hora de aplicar la PAC sobre el terreno.