La Xunta denuncia que las ayudas a enfermos de ELA solo llegarán al 5% de los pacientes

Casi un año después de que la Ley ELA entrara en vigor, el Gobierno de España anunció esta semana un real decreto-ley para financiarla con 500 millones, en el que, entre otras cuestiones, se creaba un derecho a una prestación de hasta 9.868 euros por paciente en grado de dependencia extrema mensuales. Este jueves, el Ministerio de Derechos Sociales anunció que cubrirá siempre 4.930 euros al mes de esta ayuda. El resto tendrá que ser abonada por los ejecutivos autonómicos.

En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia convocado de forma extraordinaria por el Ministerio, su responsable, Pablo Bustinduy, alegó que «la Ley ELA mandata a las administraciones públicas a trabajar para mejorar la vida de las miles de personas afectadas por esta enfermedad». El ministro reclamó, de este modo, el mismo consenso que la norma tuvo en las Cortes Generales, donde fue aprobada con el voto a favor de todas las formaciones políticas.

En la reunión, que se celebró de manera telemática, Bustinduy comenzó su intervención poniendo en valor el Grado de Dependencia Extrema III Plus que se incorpora al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) con este decreto ley y que ahora deben incluir los gobiernos autonómicos en sus sistemas. Se trata de un grado nuevo, explicó, «para reconocer una nueva prestación a las personas con ELA y con otras enfermedades neurológicas que requieran cuidados de alta complejidad y que estén en fase avanzada. Son pacientes, recodó, que necesitan una atención de 24 horas al día, y ayuda para poder seguir vivos y para cuestiones tan básicas como respirar o comer».

«Ha costado mucho llegar hasta aquí», señaló, al tiempo que dijo que, en medio de una legislatura, a su juicio, «tan a menudo convulsa y difícil, se demuestra que son posibles los avances en política social, la expansión del estado social y la garantía de más derechos».

«Será extremadamente complejo»

Las reacciones a la reunión no se hicieron esperar y, poco después de que esta finalizase, el Ejecutivo gallego señaló que las ayudas comprometidas solo llegarán al 5% de los pacientes, «dejando fuera a la mayoría debido a los criterios establecidos para acceder a ellas». «Será extremadamente complejo», relató la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, a través de un comunicado en el que apuntó que «muchos de los enfermos fallecen antes de cumplir estos condicionantes».

Asimismo, alegó que esta ayuda económica, solo se podrá destinar a la contratación de cuidados personales relacionados con el Servizo de Axuda a Domicilio o a asistentes personales. Por ello, desde Política Social entienden que, «dadas las dificultades con las que los pacientes se encuentran a la hora de contratar este tipo de profesionales y la previsible corta esperanza de vida, muchos no tendrían posibilidades de beneficiarse».