Medio siglo sin Franco: lo que la tierra sigue ocultando (y un equipo de la USC busca)

Noventa y seis sepulturas. Es la cifra que tiene documentada el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de los hoyos en suelo gallego donde fueron arrojadas cientos de víctimas desde 1936. A punto de cumplirse medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco, el próximo 20 de noviembre, aún quedan innumerables rendijas abiertas. Hay familias que llevan casi noventa años esperando noticias de un pariente que no ha vuelto. A muchas de esas víctimas las buscan, otras tantas fueron olvidadas y centenares de ellas siguen sin ser identificadas.

En Galicia, según los datos que maneja Memoria Democrática, todavía quedan 25 fosas comunes sin intervenir. Se sabe dónde están, pero ni se han excavado ni se han dignificado. Este cometido comprende un proceso muy dilatado en el tiempo. «Desde el estudio histórico hasta la inauguración del monumento en ese espacio pueden pasar años y años», señala Gustavo Hervellas, miembro del grupo de investigación Historia Agraria y Política del Mundo Rural (Histagra) de la Universidade de Santiago (USC), principal equipo de actuación que realiza estas prospecciones dentro de los Planes Cuatrienales de Memoria Democrática 2021-2024 y 2025-2028 impulsados por el Gobierno central.

El dinero para exhumar

No fue hasta hace tres años, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, cuando el Gobierno abrió nuevamente la mano —tras suprimirse las ayudas durante el gobierno de Mariano Rajoy, que había impulsado su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero en 2007— e incluyó la apertura de los sepulcros en las partidas presupuestarias. Los últimos cuatro años han sido, pues, los primeros en los que estas obras contaron con financiación pública, la del Plan Cuatrienal 2021-2024.

En el marco actual, el Gobierno central acaba de lanzar un nuevo paquete de ayudas, del que se beneficiará, entre otras instituciones, la Diputación de A Coruña. «Ahora salieron nuevas subvenciones para lo que llamamos fosas grandes, ya que con el dinero que nos daban no podíamos permitirnos realizarlas en lugares de grandes dimensiones», indica Hervellas. La subvención asciende a 150.000 euros para exhumar las fosas de Boisaca (Santiago), donde se estima que fueron inhumados unos 97 cuerpos; del cementerio de Beira (Carral), en el que se enterró a 18 personas; y de Serantes (Ferrol), donde se cree que se acumularon 190 cadáveres. Una ampliación del proyecto que, en palabras de Valentín González Formoso, presidente de la Diputación coruñesa, «permitirá avanzar en la localización y recuperación de las personas que fueron represaliadas, devolviéndoles el nombre y el lugar que les corresponde en la historia colectiva».

«En estas fosas lo que haremos serán catas, no exhumaciones completas, para ver en qué situación están», explica Gustavo Hervellas. Un trabajo que financia el Ejecutivo central y que las autonomías encomiendan directamente a los grupos de investigación universitarios. La Asociación de Recuperación de Memoria Histórica (ARMH) —nacida en el 2000— que se financia a través de las donaciones de sus socios y mecenas, se desmarca de este proyecto. No entra en el plan porque no cree «en el modelo actual a través de ayudas del Gobierno», según Serxio Castro, arqueólogo y voluntario de la ARMH. «Consideramos que los derechos humanos no se pueden garantizar a través de subvenciones, sino mediante planes estatales fijos», puntualiza Castro. «Puede suceder que cuando desaparezca la subvención, se vaya también el interés por la investigación y que las familias de las víctimas queden, de nuevo, abandonadas», considera.

Por su parte, Histagra lleva desde 2021 en el Plan de Memoria Democrática de Galicia, dentro de un convenio entre la Xunta y la USC por el cual cada año se exhuman una serie de fosas. Es decir, el Ejecutivo gallego transfiere a Histagra los fondos que le remitió el Gobierno central. Este año la ayuda fue de 78.250 euros que, sumados al importe de los trabajos realizados entre 2021 y 2024, eleva por encima de los 475.000 euros la financiación para la Memoria Democrática gallega.

Buscar, identificar y recordar

Al igual que en el cuatrienio anterior, Histagratrabaja en el Plan de 2025-2028 con un equipo integrado por «historiadores, arqueólogos, antropólogos—forenses y genetistas—», como explican en su web.

El grupo de investigación mantienen tres líneas de actuación bien delimitadas: en la fase 1, «localización, exhumación de las fosas e identificación de las víctimas de la violencia franquista»; en la segunda fase divulgarán el trabajo realizado, y en la tercera y última etapa, se reconocerán «los lugares de enterramiento» y se dignificarán los espacios memoriales con monumentos.

Este año, el grupo Histagra llevó a cabo varias prospecciones: exhumaciones en las fosas de Luou (Teo), de Asados (Rianxo) y de Catabois (Narón); memorializaciones en las de O Castro (Viana do Bolo), de Filgueira (Crecente) y de Vilacoba (Lousame), y trabajos de investigación en la fosa de Ribeiras de Sor (Mañón). A estas se unirán a partir de ahora los trabajos en Boisaca, Carral y Serantes.

El proceso empieza por la localización de los posibles sepelios, tanto en el monte como en los propios cementerios. «Podemos saberlo a través de la tradición oral o de lo que hay documentado», afirma Hervellas. La situación se complica si la fosa está desaparecida o si se construyó sobre ella. Una vez se abre, se procede al cotejo de ADN para identificar los cuerpos, saber quiénes eran esas personas y dónde están sus descendientes.

En eso difiere la ARMH, cuyo método funciona al revés. «A nosotros nos llega la demanda de una familia que cree que su fallecido puede estar en un sitio, y buscamos ahí», explica Castro. «Hay que hacer una investigación previa a partir de ese contacto inicial, porque escoger ir a una fosa en detrimento de otra hace competir indirectamente a las familias», señala.

En Galicia, la ARMH lleva desde 2024 sin ninguna intervención —la última fue en Mesía—, ya que no han recibido nuevas solicitudes.

«También importa saber cómo pasó»

En la comunidad, el grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago, liderado por el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, es el principal encargado de realizar las prospecciones en fosas comunes. De ese equipo, Conchi López fue la responsable de los estudios históricos en el Plan Cuatrienal de Memoria Democrática de Galicia 2021-2024.

—¿Cuántas fosas comunes hay bajo el suelo gallego?

—Tenemos registradas casi un centenar, tanto desaparecidas, como sin intervenir e intervenidas. De estas últimas tenemos el dato del Plan Cuatrienal de Memoria Democrática 2021-2024.

—¿Cuántas ha intervenido Histagra a través de este Plan?

—Según las últimas cifras que tenemos, son 11. Somos de las comunidades autónomas que intervienen en más fosas. Ahora bien, esto no es una carrera de a cuántas llegamos, ni competimos por encontrar más cuerpos o más identificaciones.

—Muchas acabaron por desaparecer... ¿Por qué?

—Sí. La fuente oral o la documental pudo sufrir variaciones por el paso del tiempo, y eso nos limita. El testimonio y el relato se fue distorsionando, lo que provocó que se hicieran nuevas interpretaciones. Otras fuentes son más complicadas por su naturaleza, como las eclesiásticas. Es cierto que así se complica el rastreo.

—También hay que tener en cuenta la búsqueda de familiares.

—Muchas peticiones nos dan la raíz. Es difícil porque hay familias divididas que no tienen contacto entre sí para poder identificar en una fosa donde hay más de 10 cadáveres. Luego que hay personas que fallecieron sin descendencia o que sus parientes emigraron y no los encontramos para el cotejo de ADN.

—¿Cuál es el objetivo de Histagra de cara al siguiente Plan Cuatrienal de Memoria Democrática?

—Atender a las demandas de fosas que nos lleguen e ir afrontándolas, aunque con recursos limitados. No conocemos la cantidad de la subvención que nos darán para el siguiente, pero intentaremos llegar a lo máximo posible con lo que tengamos.

—Hay una peculiaridad en Galicia y es que muchas fosas están en cementerios. ¿A qué se debe?

—Tiene que ver con el funcionamiento de la violencia en 1936. En alguna otra zona de la retaguardia también es así. Estamos empezando a indagar en esa parte del conocimiento histórico, recopilando información para poder interpretarla. Es algo reciente en las investigaciones históricas porque los estudios se solían centrar en el punto de vista de las víctimas, pero no en el del verdugo, no sobre cómo eran esos mecanismos de asesinato y de traslado de cuerpos. Estamos descubriendo que el lugar de la muerte y el del enterramiento no coinciden, sobre todo en el caso de los paseados. Cuando sacaban a alguien de la cárcel y lo asesinaban en un camino o finca, algún vecino alertaba de que había un cuerpo, por lo que se ordenaba un entierro. Estamos trabajando con distintas hipótesis.

—Intentan reconstruir esa crónica fatídica...

—Exacto. Nos preguntamos qué lógica había tras esa selección, por qué se enterró en un sitio y no en otro. No solo se trata de identificarlos. También importa saber cómo pasó, por puro conocimiento histórico.