La residencia en Galicia para migrantes que han sido víctimas de violencia de género: así funciona el sistema

La violencia de género atraviesa todas las clases sociales, no entiende de edades y poco o nada importa el lugar del mundo en el que nos encontremos, en todos ellos está presente de un modo u otro. Es un problema transversal, estructural, con características comunes en todos los casos, pero que opera de manera diferente según el ámbito en el que nos movamos, los factores de riesgo no son los mismos para todas las mujeres.

Ser migrante, se tenga o no una situación administrativa regular, es sin lugar a dudas, uno de esos factores. La normativa vigente en España contempla la concesión de permisos de residencia temporal y trabajo para estas víctimas y sus hijas e hijos, siempre y cuando tengan una orden de protección a su favor o a las que se les haya elaborado un informe que reconozca indicios de violencia.

Este sistema de protección de las mujeres migrantes se puso en marcha hace ya dos décadas, si bien la información facilitada por el Ministerio de Igualdad pone de manifiesto que en los primeros años apenas se autorizaron peticiones. Desde 2005, el número de solicitudes aceptadas en la comunidad gallega se coloca en las 1.494, de las cuales 254 se tramitaron en lo que va de este año.

Con todo, no siempre se ha cumplido con esta garantía. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dictó a finales de 2021 una instrucción dirigida a las Oficinas de Extranjería por la que se clarifica que todas las mujeres extranjeras, sea cual fuere su situación administrativa, quedan amparadas por la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta medida se tomó para proteger a las víctimas cuyo permiso de residencia está sujeto a que su marido resida legalmente en España.

Ejemplo de lo que ocurría antes de esta fecha es que en 2006, primer año completo de la norma, cuando se expidieron tan solo cuatro permisos entre las cuatro provincias gallegas. En 2020, antes de este dictamen, se completaron 125, una cifra que dos años después ya se elevaba a las 188.

Mirando al conjunto del mapa estatal, las autorizaciones concedidas a mujeres extranjeras víctimas y su descendencia en los últimos 20 años se eleva hasta 42.454. Esta cifra puede resultar pequeña si se mira a la información que cada mes el Ministerio del Interior proporciona sobre el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Solo en el mes de agosto, último del que hay registros, existían 36.514 casos activos en este programa por violencia de género contra mujeres extranjeras. Esto se traduce en un 34,6% del total de casos activos en España.

Diferencias entre territorios

Las comunidades y provincias que componen el mapa español reportan diferentes comportamientos en lo que a expedición de permisos de residencia temporal y trabajo. Autonomías como Cantabria o Extremadura han aprobado menos de medio millar de autorizaciones a lo largo de estos veinte años.

En el lado opuesto de la balanza, están la Comunitat Valencia, Cataluña o Andalucía, donde se registra el mayor número de permisos dados a las extranjeras víctimas de violencia de género, con 7.019, 6.833 y 6.399, respectivamente. Por provincias, Madrid y Barcelona empatan, con casi 4.500 cada una.