Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación

Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil han elevado a definitivo, para someterlos durante tres meses a un proceso de consulta pública, sus respectivos documentos de revisión y actualización de los mapas que identifican las áreas de riesgo de inundación en la comunidad autónoma, que servirán de base para establecer los planes de prevención en el periodo 2028-2033 y reducir, dentro de lo posible, la peligrosidad de los anegamientos. Entre sus datos figura que al menos casi 25.000 personas viven en zonas inundables y que los daños producidos por los desbordamientos se calculan en unos 2,3 millones de euros anuales.

Estas revisiones se hacen cada seis o siete años y ahora se está en la tercera actualización, mejorando cada vez la previsión y los datos de las zonas afectadas por eventuales desbordamientos de los ríos. En la comunidad hay casi 200 áreas fluviales identificadas y en esta última ‘renovación’ se pusieron al día 64 de ellas, todas ellas con «riesgo potencial significativo» de inundación.

En total, se precisa que en estas zonas revisadas viven 24.723 personas. La que más población afectada tiene es Vilagarcía, con 3.871 habitantes debido los 7,5 kilómetros de ríos que la atraviesan justo antes de desembocar en el mar: Con, Guillán, Leiro, Lomba y Santa Marina.

Le sigue el conglomerado de localidades de los concellos de Rois, Padrón, Pontecesures, Valga, Rianxo, Catoira y Dodro por los que discurren los ríos Valga, Louro, Ulla y Sar, con 3.586 vecinos. La tercera área está situada en la mitad oriental de Galicia, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, correspondiente al paso del Sil por O Barco, A Rúa y Vilamartín de Valdeorras. Estarían en zona de riesgo 2.127 personas.

Con una población de entre 1.000 y 2.000 habitantes hay identificadas cuatro zonas: Carballo (1.988 personas), Pontevedra-Poio (1.625), Cangas (1.556) y Betanzos-Paderne-Coirós (1.252).

Daños económicos

En su documento, la Confederación del Miño-Sil no lo hace, pero Augas de Galicia, que gestiona la mitad occidental de Galicia (el 44% del territorio que alberga el 76% de la población) sí da una estimación del riesgo económico anual que se produce por las inundaciones:2,3 millones de euros.

Y estos daños no guardan una relación directa en todos los casos con la población afectada. Así, en Vilagarcía el impacto sería de 3.736 euros, aunque en el caso de Rois, Padrón, Pontecesures, Valga, Rianxo, Catoira y Dodro ascendería a 741.000 euros al año, el más alto estimado por Augas de Galicia.

Sería de 177.357 euros en el conglomerado Pontevedra-Poio; de 156.360 en Carballo; de 158.799 en Betanzos o de 107.028 en Oleiros-Culleredo-Cambre, un área en la solo vivirían 172 personas.

Cada una de las zonas de riesgo potencial de inundación recoge datos como el número indicativo de habitantes, el tipo de actividad económica, las instalaciones industriales que pueden ocasionar contaminación accidental, las estaciones depuradoras de aguas residuales o los puntos de captación de agua destinada al consumo humano.

«El objetivo principal de los mapas de riesgo es aportar la información fundamental para la elaboración de los futuros planes de gestión del riesgo. Esto conlleva la estimación de daños asociados a las inundaciones, tanto en lo relativo a la salud humana, como al medio ambiente, al patrimonio cultural y a la actividad económica», expone la Xunta.

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