La «privatización» de la seguridad en Parlamento y San Caetano enciende los ánimos policiales

El déficit de efectivos en la Unidad de Policía Adscrita (UPA) de Galicia, con un carencia de 160 funcionarios con respecto a la plantilla de 500 agentes en base a la que fue ideada en 1991, y las dificultades para cerrar un nuevo convenio con el Ministerio del Interior que permita ampliar el cuadro de personal de la ‘policía autonómica’ llevó a la Xunta a tomar la decisión de «retirar parte de los efectivos» que garantizaban la seguridad del Parlamento autonómico y San Caetano para llevar a cabo otras funciones, siendo sustituidos por seguridad privada.

Así lo anunció el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el pasado 23 de octubre a preguntas de los medios de comunicación. La decisión ha caldeado los ánimos de los sindicatos policiales, como demostró ayer la Confederación Española de Policía (CEP), que se concentró ante el Parlamento gallego para demandar el cese del «progresivo desmantelamiento» de la Unidad de Policía Adscrita. Fue la única central presente en la protesta, aunque otras, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mostraron también su contrariedad con la medida puesta en marcha por el Ejecutivo gallego.

«Consideramos inadmisible que se saque la seguridad pública de edificios tan emblemáticos como el Parlamento de Galicia, que representa a todos los gallegos. La UPA lleva desde 1991 realizando esas funciones pero antes quien lo cubría era la Policía Nacional. Siempre ha estado cubierto por seguridad pública y lo peor de todo es que esto puede ser el principio de muchos más recortes si no se llega a un acuerdo», lamentaba el secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP) en Galicia, Agustín Vigo.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior propuso ya un nuevo convenio a la Xunta para financiar el servicio de la UPA. El departamento de Grande Marlaska buscaba que la Administración autonómica se haga cargo del 50% de los sueldos de los policías que se encuentran en esta unidad. Un punto en el que la Xunta no está de acuerdo. En este sentido el CEP, que ha criticado también la decisión del Gobierno relativa a la financiación, apunta que se está empleando a los policías y sus familias como «munición» en un conflicto político que les perjudica «enormemente».

Ayer mismo, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apuntaba en declaraciones a los medios que entre la situación actual —en la que Interior financia en su totalidad el servicio— y el pago 50-50 del mismo «hay campo suficiente para poder llegar a un acuerdo». «Es lo que le reclamamos al ministro, del que no tenemos noticia desde el mes de febrero —cuando el propio Calvo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvieron una reunión con él—», dijo.

Es por ello que el conselleiro de Presidencia apuntó que la Confederación Española de Policía erró en la elección del Parlamento como lugar para la protesta. «Creo que tendrían que haberse manifestado delante de la Delegación del Gobierno o delante del Ministerio», censuró Calvo.

El responsable del departamento de Interior en el Gobierno gallego justificó la retirada de «parte de los efectivos» de edificios como el Parlamento y San Caetano en la necesidad de contar con ese personal para otras funciones de mayor importancia. Cabe recordar que la policía autonómica es la encargada, por ejemplo, de la investigación de los incendios forestales, del marisqueo ilegal o de la protección de menores.

Sin embargo, Calvo recordó que la decisión no supone la retirada total de la UPA de estos edificios sino que «seguirán presentes, tanto en turno de mañana como de tarde», de modo que únicamente se sustituirán por seguridad privada aquellos agentes que sean destinados a otras funciones.

«Nosotros no nos vamos a meter en cómo tienen que negociar las cosas», apuntaba a las puertas del Parlamento gallego Agustín Vigo en referencia a la actualización de un convenio que, sin embargo, es el quid de la cuestión.

Fuentes de la Consellería de Presidencia denuncian la urgencia de «atender esta cuestión para poder lograr una propuesta consensuada». En caso contrario, el número de agentes continuará menguando, debido a jubilaciones y demás casuísticas, «pudiendo verse afectadas otras funciones de la unidad, que tendrían que ser asumidas por otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Así, hasta que Xunta y Gobierno central concuerden un sistema de financiación que convenga a ambas partes, el servicio de la Unidad de Policía Adscrita de la comunidad continuará depauperándose.