Sanidade blinda a sus profesionales: podrá cambiar de centro o de médico a quien agreda al personal o grabe sin permiso

A principios del mes de febrero un enfermero del Hospital Universitario A Coruña sufría un navajazo. Ese suceso generó gran revuelo público y puso de manifiesto las agresiones que, cada vez más a menudo, recibe el personal sanitario. No se trataba de un caso aislado y es que a lo largo del pasado año la lista de agresiones al personal de este sector en Galicia alcanza las 856.

«Queremos poner los medios y recursos para prevenir y atajar todo acto violento contra las personas que cuidan y velan por nuestra salud», explicó este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien informó de la aprobación en el Consello de la Xunta de la modificación de la Ley de salud de Galicia, cuyas novedades el Ejecutivo espera que entren en vigor el próximo año, tras ser ahora remitida al Parlamento de Galicia.

Entre otras cuestiones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, detalló que la norma contemplará la violencia digital de la que pueda ser objeto este colectivo, en el que ahora se incluirán técnicos de emergencias o del 061, cuyos agresores también serán castigados, siendo así «la primera comunidad» en hacerlo. Esta medida se amplía también a personal con otras funciones como la inspección de servicios sanitarios o personal de las áreas de admisión y administración de los centros sanitarios.

«Independientemente de cómo y dónde se produzca, todo acto de violencia es deplorable», declaró el titular de Sanidade, que explicó que, al margen de las infracciones muy graves, que ya estaban contempladas legalmente, se tipifican y se estipulan las multas para otras. De este modo, las faltas leves — como insultos— podrán ser sancionadas con multas de 300 a 1.500 euros.

En el siguiente escalón, las graves — como amenazas, coacciones o acoso digital— podrán conllevar sanciones de entre 1.501 y 3.000 euros. En el caso de las muy graves, entre las que se encuentran las agresiones físicas o la reincidencia en la comisión de infracciones graves, las multas oscilarán entre los 3.001 y los 15.000.

Grabaciones de las consultas

Además, en los supuestos de infracción grave o muy grave, se podrán acordar otras sanciones, tales como la asignación de la persona agresora de otro profesional sanitario o su adscripción a otro centro sanitario de la misma localidad. Estas medidas no podrán estar activas más de cinco años.

Existirá, así, en el caso de los médicos, otro supuesto en el que podrán mostrar su negativa a atender a un paciente, ya que el proyecto de ley «regula las grabaciones sin consentimiento en las consultas». Si el sanitario muestra su negativa, podrá alegar «pérdida de confianza», lo que permitiría al profesional, de ser necesario, «suspender la asistencia», siempre y cuando deje constancia de la situación en el historial clínico.