Mutualistas desesperados: más de 4.000 gallegos están desatendidos

El conflicto de Muface no está solucionado. Al menos, para los funcionarios que no se han pasado a la Seguridad Social y para los «pocos médicos» que quedan en el servicio sanitario concertado. «Han subido las cuotas de las aseguradoras, han reducido médicos y han aumentado las listas de espera de forma exponencial», protesta Chus Garrido, portavoz de la plataforma ‘Muface Sí’ en Galicia y Cataluña, que cuenta con 4.000 gallegos adscritos. «Nos han quitado muchísimos especialistas porque les pagan poco y las aseguradoras se llevan todo el pastel. Se quedan con el dinero», afirma.

Por todo ello, la organización ciudadana en favor de Muface se manifiesta hoy a las 12.00 horas delante de todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en Galicia. Defienden este modelo sanitario privado, «desmantelado» desde la desmembración de Muface hace unos meses y la salida de diversas aseguradoras de este modelo. Un sistema que, según explica la plataforma en un comunicado, «durante años garantizó atención médica de calidad y libertad de elección para cientos de miles de funcionarios y sus familias».

Deficiencias en la atención

El problema en sí no es solo la ruptura de seguros médicos con Muface, sino la «desatención» que dicen vivir sus pacientes. Una situación que se traduce en una copia del modelo estadounidense, porque, según Garrido, los gastos ocasionados a la pública por una urgencia los costea el enfermo y no la aseguradora. «A veces, el inspector del seguro que corresponde a Adeslas o a Asisa considera que no fue una urgencia vital y te pasa una factura de, a lo mejor, 3.000 euros», denuncia.

Claro está, estos funcionarios no acuden al médico de la Seguridad Social por voluntad propia, sino por una cuestión arbitraria, de incluso vida o muerte. «Imagina que me caigo en la calle y la persona que me socorre llama al 061 o al 112 y la ambulancia me manda a un hospital público», ejemplifica. «Antes el seguro cubría esa urgencia vital, y ahora, para que la empresa ahorre, te mandan la factura a casa», indica Garrido.

Una situación que se exacerba en el rural, donde señala que «no se están cumpliendo los conciertos firmados, dejando a muchos mutualistas sin la cobertura que les corresponde». Además, estos pacientes denuncian una ralentización en las listas de espera, cuya rapidez era uno de los motivos por el que los funcionarios optaban por este régimen.

Por su parte, María Rey, usuaria coruñesa de la sanidad concertada a través de su madre, que es funcionaria, se ha quedado sin reumatólogo y, por tanto, sin las revisiones periódicas para su enfermedad. Antes estaba en DKV, que rompió con Muface, y tras un intenso periplo logró dar con otro facultativo. «En el centro al que voy llevan desde agosto sin servicio de Reumatología», protesta. Advierte que puede quedarse «sin atención médica por cuestiones empresariales». Sin embargo, «este se marcha y no reponen», por lo que se ve empujada a «ir a uno privado», dadas las dificultades para pasar a formar parte de la sanidad pública.

Y es que esa es otra. «La gente no se está planteando irse a la Seguridad Social porque la colapsaría», considera Garrido. Defiende que no es «justo» tener que renunciar a «algo que nos han dado, que nos han impuesto y donde llevamos muchos años».