«Galicia está en el podio autonómico con más medios a disposición de las víctimas de violencia de género»

Estos días ha vuelto a ser noticia un fallo en las pulseras de control de maltratadores, que se suma a las incidencias que ha sufrido el sistema en los últimos meses. ¿Cómo valora la gestión que ha hecho de esta crisis el Ministerio de Igualdad?

Lo que le achacamos al Ministerio, además del mal funcionamiento de las pulseras, que es competencia del Gobierno, es la falta de transparencia. En octubre, cuando se produjo el fallo anterior, preguntamos cuántas víctimas se habían visto desprotegidas y qué se había hecho para reforzar las medidas, y solicitamos la implementación de un nuevo programa telemático. Pero el Ministerio no nos ha contestado. No se nos dice qué está pasando. Ahora, volveremos a preguntar. Necesitamos saber por qué están fallando las pulseras.

Lo que sí ha dicho el Ministerio es que el PP y las comunidades donde gobierna actúan en este asunto de manera partidista...

Lo único que sabemos es que una competencia exclusiva del Ministerio, que es el sistema de seguridad para proteger a las víctimas que más riesgo corren, está fallando de manera constante. Ese es un dato irrefutable. Evidentemente, eso no es ser partidista.

En todo caso, ¿hay preocupación en la Xunta?

En este último fallo sabemos que hubo muchas víctimas que reportaron a la Xunta de Galicia capturas de pantalla del sistema electrónico donde figuraba que la comunicación estaba interrumpida. Y que incluso durante unas horas determinadas, casi la mitad del día, no se conocía exactamente la ubicación de los maltratadores.

El Gobierno sostiene que ninguna mujer estuvo desprotegida porque se reforzó la seguridad...

Los datos documentales que reseña el centro Cometa, que coordina los dispositivos telemáticos, son a veces la única prueba que acredita que un maltratador ha entrado en la zona de exclusión y quebrantado la orden de alejamiento. Muchas veces los jueces se ven imposibilitados de condenar porque falta esa documentación. Y en el borrado de datos, así manifestado por el Ministerio de Igualdad, efectivamente hubo una pérdida de datos al volcar de una empresa a la otra. Esto se une al hecho de que durante unas horas no se sabía exactamente dónde estaban los maltratadores. En Galicia hay unas 300 pulseras activadas. Solo se colocan cuando hay un riesgo elevado para la mujer. Por tanto, cuando el sistema falla, se pone en riesgo la integridad de la víctima. Lógicamente, es algo que nos preocupa.

Las denuncias por violencia machista se incrementan cada año. La cuestión es ¿hay más violencia o es que se denuncia más?

Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. No es que existan más víctimas, es que hay más sensibilización y las mujeres se animan a denunciar más. Y eso ocurre cuando desde la administración se les ofrece confianza en el sistema. Hay que convencer a la víctima de que no está sola en ese periplo.

¿Disponen de recursos suficientes las mujeres que denuncian?

Galicia es la única comunidad que ofrece una renta mensual a las víctimas que lleva abonando con fondos propios desde hace 20 años. En segundo lugar, las víctimas que no tienen posibilidad de contar con una vivienda pueden alquilar una con el fondo que les proporciona la Xunta. Además, contamos con un programa de inserción laboral y formativa que es verdaderamente espectacular. Y a todo esto se suma un programa psicológico, dirigido tanto a las mujeres como a sus hijos, para ayudarlos a salir de esa situación. Hay recursos para que puedan salir adelante.

«Si alguien hubiera denunciado en los casos de las mujeres asesinadas, muchas estarían vivas»

¿Se puede mejorar esa atención a las víctimas?

No voy a decir que no se pueda mejorar, pero Galicia está en el podio de las mejores comunidades en recursos y en programas para víctimas de violencia. Y lo digo con conocimiento de causa porque llevo casi 20 años trabajando en este ámbito. Para luchar contra la violencia de género hay que actuar en tres áreas: sensibilización, prevención y detección. Y en las tres disponemos de programas específicos con sus correspondientes partidas económicas. A todo esto se suma que la Xunta está trabajando en la que será la primera ley de violencia digital de todo el país. En el 75% de los casos de violencia digital, la víctima es una niña o una mujer.

¿Hasta qué punto es grave la sobrecarga en los juzgados especializados en violencia de género?

Veo bien que los juzgados se especialicen en violencia de género. Y también es acertado que esos juzgados asuman las competencias en violencia sexual. El problema es que los números no salen. Creo que el Gobierno no está examinando claramente la carga de trabajo que tienen estos juzgados para dotarlos de los medios que necesitan para atender eficazmente a las víctimas.

Todavía son muy pocas las denuncias que presenta el entorno de la víctima. ¿No hemos asumido aún que la violencia machista no es un problema privado?

Hace 25 años era imposible tener un testigo en los tribunales cuando había un caso de violencia de género. Y cuando lo había, siempre decían lo mismo: «es una cosa privada» o «yo no me meto en eso»... Eso ha cambiado. El 90% de la sociedad considera que la violencia de género es un problema de primer orden. Y poco a poco aumentan las denuncias que presenta el entorno de las víctimas. Tenemos que trabajar en la detección temprana de la violencia, porque siete de cada diez mujeres asesinadas no habían denunciado. Si alguien hubiera detectado ese maltrato y hubiera presentado la denuncia por ellas, algunas estarían hoy vivas. Seguro.

¿Le preocupa la ola reaccionaria ante el feminismo y el negacionismo de la violencia machista?

Sí. Claro que estoy preocupado y espero que sea una moda pasajera y que esto al final se vaya diluyendo precisamente porque no tiene sentido.