La violencia de género en el rural: las más desprotegidas

No te metas en la morada del vecino. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Es cosa de dos. ¿Qué dirán? Estas son frases que durante siglos se replican sin sentido, situando la violencia machista entre las cuestiones domésticas y que siguen vigentes en muchas casas de Galicia. En una sociedad que —hasta ahora, que en determinados contextos vuelve a ebullir el odio hacia las mujeres— se erigía como la más feminista de la historia, el foco de las luchas se concentraba mayoritariamente en núcleos urbanos, obviando a aquellas que habitan el rural. Y eso también es violencia.

«El factor territorio opera de forma negativa en las posibilidades de las mujeres de denunciar, de acercarse a recursos y de ser protegidas», destacó ayer Rosa Arcos, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). Se trata de una de las conclusiones extraídas de la encuesta de percepción sobre la violencia de género en el rural, realizada este año por la entidad. En ella se constata que casi un 77% de las encuestadas, mayoritariamente de edades comprendidas entre los 46 y los 65 años, atisban una mayor desprotección en entornos rurales, sobre todo en aldeas y lugares más aislados. Un dato que se incrementó en 7 puntos desde la primera encuesta realizada en 2017.

La mitad de las encuestadas afirmaron tener a alguna víctima en su entorno. Esta cifra asciende si se suma a aquellas que prefieren no contestar (9%) y en oposición a quienes dan una respuesta negativa (41%). «Deberíamos suponer que no quieren contestar porque la respuesta también infiere un sí», lamentó Arcos durante la presentación del sondeo. Y otro dato que pesa: un 22% confesó conocer mujeres que llevan toda una vida siendo maltratadas.

No llega a las aldeas

A la hora de buscar ayuda, ganan terreno los servicios públicos. La mayoría de las mujeres acudirían a la Policía o a la Guardia Civil (68%), poco más de la mitad irían a algún Centro de Información a la Mujer (CIM), y un 46%, directamente a los servicios sociales. Ahora bien, la escasez de los mismos complica el acto de denunciar, de pedir ayuda. «Hay centros de cuerpos de seguridad en todos los concellos, pero en la mayoría de núcleos de menos de 5.000 habitantes el cuartel de la Guardia Civil puede estar a más de 50 kilómetros», señaló Verónica Marcos, presidenta de Fademur. Pero eso no es todo. Marcos destacó la potencial desprotección en la montaña de Lugo, donde «no hay ningún centro de atención para las mujeres entre A Fonsagrada y O Courel». En la propia encuesta, un 90% consideró que no hay apoyo suficiente por parte de las administraciones públicas.

A ese «factor territorio» se unen directamente los motivos para no denunciar. ¿Cuáles? En la mayoría de las respuestas, las encuestadas indican: «miedo a perder a los hijos, dependencia económica, vergüenza y presión social, y miedo a no ser creídas».

Cabe destacar que en Galicia 10 de las 16 mujeres asesinadas desde el año 2020 vivían en núcleos rurales de menos de 20.000 habitantes, lo que se traduce en el 62% de las víctimas y refleja un factor de riesgo. Desde Fademur instan a los «servicios sociales a replantearse qué se hizo, qué se hace y qué se va a hacer».