«Siempre que haya injusticias, habrá alguien que quiera contarlo»

Gabriela Villarroel es periodista en El Salvador. Defensora de los Derechos Humanos, de la libertad de expresión, de la lucha feminista y de los derechos LGBT, llegó a Galicia el 15 de mayo del 2024 gracias al programa Galicia Abriga, que tiene como objetivo brindar una estancia temporal de tres meses a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Usted sigue viviendo en El Salvador a pesar de la situación difícil para los periodistas en el país centroamericano.

A pesar de las circunstancias adversas en El Salvador, en este momento no he optado por el exilio. Mi opción hasta ahora ha sido salir en momentos clave y volver a ingresar al país con medidas de seguridad y autocuidado cada vez más estrictas. Sin embargo, el medio para el que trabajo como editora, Focos, cerró su operación administrativa en El Salvador y optó por el exilio a Costa Rica, un país que –al menos hasta ahora– ha demostrado reunir las condiciones necesarias para un ejercicio periodístico más libre. Esta decisión implica el cierre de oficinas, planilla de trabajadores y la disolución de la sociedad de Focos en El Salvador. Llegamos a la conclusión de que esta medida era necesaria porque en El Salvador ya no existen las condiciones para ejercer el derecho a la libre expresión. Las señales y razones han sido muchas: desde los arrestos contra personas defensoras de Derechos Humanos, la persecución y espionaje contra la sociedad civil y periodistas, y, más recientemente, el uso de herramientas legales para intimidar a la prensa libre y organizaciones: el régimen de excepción y la Ley de Agentes Extranjeros.

¿Por qué el Gobierno de Nayib Bukele le persigue?

En El Salvador, cualquier periodista que haga su trabajo –hacer preguntas y poner el foco en la corrupción, la desigualdad y el despojo–, es automáticamente un sospechoso. Y actualmente, trabajar en medios independientes, es casi declararse un sujeto de interés. Y a pesar de estar consciente de ello, yo aún rechazo para mí la etiqueta de perseguida por el Gobierno de Bukele. Tal vez sea optimismo, o quizá es negación; pero lo que sí le debo a mis colegas periodistas y a nuestras audiencias, es transparencia total. Y eso implica reconocer que, desde que Nayib Bukele llegó al poder, fui vetada en conferencias de prensa, atacada en redes sociales, retenida arbitrariamente por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), obligada a borrar material periodístico, intimidada en mítines partidarios e intervenida en mis telecomunicaciones. En mi caso particular, hacer preguntas sobre el gasto público, investigar temas sobre corrupción y seguir de cerca las elecciones presidenciales y legislativas de 2024 ha tenido un costo en mi integridad física, mental y emocional. Y no soy solo yo, somos decenas de periodistas que nos enfrentamos a algo que no se vivía en El Salvador desde hace décadas. Esto no pasa en los países libres.

¿Cómo es la relación del presidente de El Salvador con los periodistas independientes?

La relación de Bukele con la prensa independiente es tensa. Su llegada al poder en 2019 creó una división aún más notoria entre los periodistas que repiten el discurso oficial y los periodistas que se atreven a preguntar. Estos últimos fuimos vetados automáticamente de cualquier espacio de entrevistas, incluso en conferencias de prensa, donde se nos quitaron los micrófonos. Luego, se cerraron las puertas de ministerios clave como Hacienda, Salud, Agricultura y la Dirección General de Centros Penales, con la reserva de información de las muertes por covid-19 y las compras públicas de la pandemia en 2020. La razón: proteger a funcionarios de Nayib Bukele investigados por graves actos de corrupción descubiertos, en su mayoría, por la prensa salvadoreña. El panorama empeoró el 1 de mayo de 2021, cuando el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ganó la mayoría de asientos en la Asamblea Legislativa. La primera decisión fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general. Inmediatamente, Bukele y sus diputados aprobaron leyes para amnistiar a sus corruptos, desarticularon a las unidades de la Fiscalía que los investigaban, destituyeron a jueces y abrieron paso a la reelección presidencial, violando la Constitución salvadoreña. Lo menciono porque fue en ese momento que la persecución contra la prensa arreció.

¿Qué le hizo venir a Galicia?

El programa Galicia Abriga llegó a mi vida para dar un respiro hondo y continuar. La convocatoria llegó a mí a través de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que mantiene una relación cercana con Agareso y la cooperación española, que en ese momento buscaban apoyar a periodistas y defensores de Derechos Humanos con una estancia temporal de tres meses. El objetivo era enfocarse en nuestra salud física, mental y emocional. Apliqué al programa inmediatamente después de que terminaran las elecciones de 2024 en El Salvador, las cuales cubrí mientras trabajé como periodista de política en La Prensa Gráfica.

¿Vale la pena sufrir lo que sufren los periodistas en El Salvador para seguir ejerciendo su profesión?

Es una pregunta que nos hacemos todos y todas las periodistas cada vez más seguido; y esta no se responde con un simple ‘alguien tiene que hacerlo’. Siempre que haya injusticias, habrá alguien que quiera contarlo: contratos públicos amañados, despojo de tierras, desplazamientos forzados, violaciones a Derechos Humanos, desigualdad y pobreza. Creo que la pregunta debería ir dirigida a todos como ciudadanos: ‘¿Acaso no vale la pena defender nuestra libertad de expresarnos? ¿Estamos dispuestos a guardar silencio ante la injusticia?’. Cada vez que un periodista decide contar una de estas historias, es un manifiesto en contra del silencio.