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Los primeros juicios de anulación de sentencias a víctimas del franquismo en Galicia: un indulto que llega 50 años después

Las familias Miguel Mendiguchía Real y José Varela Cachaza, ambos condenados por mostrarse contrarios a la dictadura de Franco, celebran hoy la revocación de sus sentencias

Es la primera vez que se realiza este procedimiento en aplicación de la Ley de Memoria Democrática en la comunidad

Vista aérea del Castillo de San Felipe, utilizado como cárcel franquista.

Vista aérea del Castillo de San Felipe, utilizado como cárcel franquista. / ECG

Año 1936. El Capitán de Infantería y Marina retirado, Miguel Mendiguchía, es condenado el 11 de agosto a «reclusión perpetua» por su fidelidad al Gobierno de la II República. Días después, el 25 de agosto, apenas un mes después del golpe de Estado sublevado, fue sacado de la cárcel por la fuerza pública, paseado y asesinado en el cementerio de Canido (Ferrol).

Un lustro y un año después, en 1942, le tocó a José Varela, oficial de telégrafos. El motivo de su condena: poseer un discurso escrito por el líder socialista Indalecio Prieto. Perdió su puesto de trabajo y estuvo recluido en el castillo de San Felipe, antigua fortaleza militar ferrolana con vistas a la ría y con fosos que podrían enumerar fusilamientos.

Estas son las dos víctimas a las que este 26 de noviembre de 2025, medio siglo después de la muerte de Franco, los Juzgados de Ferrol anulan ambas sentencias de los tribunales franquistas que los condenaron. Es la primera vez que se realiza en Galicia este procedimiento a través de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Además, «dictaminará el reconocimiento a dos víctimas de la represión de la dictadura», según celebra la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática.

Imagen de la anulación de las sentencias en los Juzgados de Ferrol.

Imagen de la anulación de las sentencias en los Juzgados de Ferrol. / Cedida

Las demandas fueron promovidas por los dos hijos de Varela Cachaza y por Carmen Mendiguchía Real, nieta del ex capitán juzgado. El objetivo de las familias era obtener el reconocimiento de la condición de víctimas del golpe militar, de la Guerra y de la dictadura. Recibieron el apoyo de la Asociación de Memoria Histórica Democrática y del abogado Jesús Porta Dovalo. En un comunicado, la organización señala que este procedimiento «contribuye a la restitución de la memoria de las víctimas».

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