Extradición de Cuba a España: dos antecedentes que marcan el camino de Martiño Ramos

La fuga de Martiño Ramos Soto terminó en un apartamento del barrio del Vedado, en La Habana, donde llevaba aproximadamente cinco meses moviéndose con una tranquilidad que desentona con la gravedad de la condena que sobre él pesa en España. El exprofesor ourensano, sentenciado a 13 años de prisión por agresión sexual continuada a una exalumna desde los 12 hasta los 16 años, había logrado insertarse en los circuitos culturales habaneros con una rutina calculada: sesiones fotográficas gratuitas, regalos a jóvenes modelos y una presencia constante en exposiciones, conciertos y actos culturales. Tal y como reveló EL CORREO GALLEGO, entre sus contactos había menores de edad, tanto chicas como chicos, a quienes captaba a través de Instagram presentándose como un fotógrafo español de paso por la isla.

Ese escenario de impunidad se desmoronó esta semana, cuando la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvo tras meses de discreta vigilancia. La Audiencia Provincial de Ourense ya había emitido el auto de solicitud de extradición el 31 de octubre, y ahora comienza un proceso que, pese a no estar regulado por un tratado bilateral de extradición entre España y Cuba, sí cuenta con dos precedentes que pueden perfilar el camino que seguirán La Habana y Madrid.

El primer antecedente, el más antiguo, fue la repatriación de 21 presos españoles en 1999 que cumplían sus condenas en la isla, en su mayoría por tráfico de drogas. Fue el primer traslado sellado tras la firma del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre ambos países en julio de 1998. Un texto que sigue vigente y favorece la repatriación de reos entre ambos países, cuando han cometido un crimen en el Estado contrario. De este modo, no aplicaría en el caso de Ramos Soto.

Se trató, tanto la firma del convenio como este traslado masivo, de una operación de naturaleza eminentemente política que surgió de la necesidad de ambos países de mejorar sus relaciones tras años de frialdad diplomática. En cualquier caso, no se trata de un texto de exigido cumplimiento. Entre los presos españoles presentes entonces en Cuba existía una pequeña minoría que había sido condenada por corrupción de menores. Las autoridades de la isla decidieron revocar la solicitud de repatriación para uno de los convictos que penaba por este delito. Del mismo modo, otro de los reclusos españoles decidió no regresar a España al quedarle dos años de pena y tener pareja en la isla.

Así, la clave de aquel proceso fue que el Gobierno cubano aceptase la entrega de los presos, ya que ningún mecanismo automático obligaba a ello. Esa decisión política marcó un precedente: sin tratado, la cooperación penal queda en manos de la voluntad de ambas administraciones. Para Martiño Ramos, esto significa que La Habana deberá valorar si autoriza su traslado basándose en la documentación enviada por España y en la conveniencia política y judicial del caso.

La repatriación de Ángel Carromero

El segundo referente, más reciente y mucho más conocido, es el de Ángel Carromero. En 2012, el dirigente de Nuevas Generaciones, la formación juvenil del PP, fue condenado en Cuba por homicidio imprudente tras el accidente en el que falleció el opositor Oswaldo Payá. Su regreso a España se produjo mediante la aplicación del ya mencionado convenio de cumplimiento de condenas vigente entre ambos países, un instrumento distinto a la extradición estricta, pero que demostró algo esencial: cuando existe interés mutuo, Cuba facilita la salida del detenido. Carromero pudo volver para cumplir su pena en España tras una negociación que llegó a buen puerto en solo dos meses.

A diferencia de aquel caso, Ramos no ha sido condenado en Cuba, sino en España. La solicitud de extradición enviada por la Audiencia Provincial de Ourense deberá pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y por sus autoridades judiciales. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró hace unos días que la extradición se daría de forma inminente. «En los próximos días o semanas», auguró. Sin embargo, los antecedentes indican que el proceso no se resolverá de modo tan breve.

En paralelo, España mantiene comunicación a través de su embajada en La Habana. El inspector de la Interpol Roberto Llamazares, que ha trabajado en el caso, apuntaba en declaraciones a la Televisión de Galicia que «hay buena disposición para hacer la entrega». Se trata de un matiz relevante, ya que, sin un convenio en vigor, no será un procedimiento reglado, sino un acuerdo político que, de concretarse, permitirá que Ramos Soto regrese a España para ingresar directamente en prisión. Un proceso que Llamazares sostiene que puede tardar varios meses o, incluso, un año.

Su actividad en Cuba, clave en su extradición

En cualquier caso, todo apunta a que la actividad del prófugo durante los cinco meses en los que se cobijó en Cuba presionará aún más el expediente. Tal y como relataron a este diario diferentes fuentes anónimas, Ramos Soto se hacía pasar por fotógrafo para buscar el contacto en La Habana con jóvenes de la escena cultural, alguno de ellos menor de edad.

Un joven de 16 años con el que mantuvo contacto describió en declaraciones a EL CORREO GALLEGO una de estas sesiones de fotos. Ramos Soto llegó a invitarle a su apartamento en El Vedado para cambiarse antes de un concierto. A pesar de que en su testimonio no consta ningún tipo de agresión, sí evidencia un patrón de captación sostenida. Ese historial, conocido ya por la PNR, refuerza la necesidad de que España recupere a un condenado que no solo huyó de la justicia, sino que replicó en la isla tácticas con las que se movía entre menores.

El futuro inmediato pasa por la decisión de las autoridades cubanas. Si aceptan la entrega, el traslado podría articularse de forma relativamente rápida: autorización política, coordinación policial y viaje sin exposición pública. Si optan por demorar la resolución, el caso podría prolongarse.

Los precedentes son escasos. Sin embargo, la detención de Martiño Ramos, vigilado durante meses y detectado moviéndose entre jóvenes y menores, sitúa su expediente en un contexto donde la colaboración entre ambos países parece lo más probable.

El camino para su regreso no será automático, pero sí está trazado. Y los dos antecedentes que lo preceden indican que, si la voluntad política se mantiene, el profesor ourensano podría ingresar en los próximos meses en una celda española.