La Xunta avisa a Interior: o aumenta la Policía adscrita o no podrá proteger a víctimas de violencia machista
Urge un acuerdo ante la falta de agentes mientras el Gobierno central la acusa de usar a las mujeres como «instrumento de chantaje político»
Agentes de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia / Javier Bernabé
Xunta y Gobierno central escenificaron ayer las diferencias que les impiden llegar a un acuerdo sobre la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA), la conocida como Policía autonómica, cuya plantilla está en mínimos históricos.
Con los 338 agentes disponibles en la actualidad, el Ejecutivo gallego sostiene que la unidad no puede seguir asumiendo servicios que no sean estrictamente de competencia autonómica.
La advertencia llegaba por boca del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que urge al Ministerio del Interior a avanzar en la renovación del convenio para cubrir las vacantes y alcanzar los 500 efectivos contemplados en el catálogo de personal.
De no producirse ese refuerzo, señala, la UPA tendrá que dejar de desempeñar funciones como la protección de víctimas de violencia machista, una tarea que no corresponde a la Xunta, pero que la Unidad realiza desde 2016 en virtud de un acuerdo de colaboración que no existe en otras comunidades.
Por ello, Calvo considera que el Gobierno central «tiene motivos más que suficientes» para cerrar un acuerdo con la administración autonómica.
Besteiro: «Traspasaron todas las líneas rojas»
La respuesta del Ejecutivo central llegaba horas después cuando el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, arremetía contra las palabras del conselleiro: «Son de una gravedad intolerable».
A su juicio, la Xunta utiliza a las víctimas de violencia machista como «instrumento de chantaje político» para «tapar su propia falta de diálogo y planificación», por lo que Calvo debe «rectificar» y «pedir disculpas».
Críticas a las que se sumaba el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ya ha pedido la comparecencia parlamentaria de Diego Calvo para explicar sus declaraciones: «Traspasaron todas las líneas rojas» .
Según la Xunta, la propuesta de Interior supondría triplicar el presupuesto de la Unidad
Lo cierto es que las negociaciones del nuevo convenio de la Policía adscrita llevan tiempo atascadas. La propuesta de la Xunta, remitida al Gobierno central hace nueve meses, contempla que las nóminas de los agentes en activo se sigan pagando como hasta ahora, es decir, que el Ejecutivo central abone los salarios y el autonómico asuma la productividad y el resto de costes de funcionamiento de la Unidad.
Para las nuevas plazas se aceptarían las condiciones del Ministerio: cofinanciación al 50% y gastos de funcionamiento a cargo de la Xunta. Según Calvo, rubricar la propuesta de Interior para el total de agentes supondría multiplicar por tres el presupuesto autonómico dedicado a la Policía autonómica, que ya ha visto reducida su presencia en las sedes de la Xunta y el Parlamento.
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