Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su desfase presupuestario

Primero la crisis sanitaria mundial por la irrupción del covid y después la guerra de Rusia contra Ucrania crearon un escenario internacional que obligó a los gobiernos a tomar decisiones excepcionales en casi todos los órdenes de la gestión. Una de ellas, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, fue relajar los controles financieros sobre las administraciones públicas para que tuvieran más libertad de gasto en un contexto extraordinario y así poder amortiguar en mejores condiciones los efectos de la pandemia y del conflicto en Ucrania. Pero transcurridos cuatro años, el Ministerio de Hacienda reactivó las reglas fiscales y volvió a controlar el funcionamiento de las diputaciones y ayuntamientos. En el caso de Galicia, esto se ha traducido en el requerimiento a 79 concellos y una corporación provincial, la de Lugo, para que corrijan los desfases presupuestarios e incumplimientos fiscales en que incurrieron en la ejecución de las cuentas en 2024.

La inobservancia de las normas puede ser de dos tipos: dedicar a las partidas de gastos más fondos que ingresos tienen las arcas públicas y acudir para ello a la deuda, o incrementar los gastos por encima de un porcentaje (el 2,6% en 2024) sin que ello vaya acompañado de ingresos ordinarios estables.

Hay entidades locales que incumplen una de las reglas, pero otras muchas, las dos. El caso es que una vez identificados, el Ministerio de Hacienda les obliga a realizar planes de ajuste, en este caso durante los años 2025 y 2026, para volver a la senda fiscal. Y este año, tras reactivarse las reglas para la ejecución del presupuesto de 2024, Hacienda requirió la elaboración de planes económico-financieros a 79 municipios.

La provincia más incumplidora es A Coruña, con 37 concellos con deberes pendientes. En Lugo hay 20 ayuntamientos y su diputación; en Ourense 14; y en Pontevedra, solo 8.

La relación de concellos con la obligación de realizar estas correcciones en su desfase presupuestaria, según figura en el Ministerio de Hacienda, la componen Bergondo, Mazaricos, Fene, Ribeira, Lousame, Melide, Laxe, Muxía, Muros, Vilasantar, Malpica de Bergantiños, Curtis, Cedeira, A Coruña, Corcubión, Carballo, Sada, Betanzos, Oleiros, Dodro, Arteixo, Outes, Carnota, Laracha, Vilarmaior, Fisterra, Irixoa, Ares, Coristanco, As Pontes, Trazo, Boimorto, Teo, Touro, Moeche, A Pobra y Negreira en la provincia de A Coruña.

En la de Lugo son, al margen de la Diputación, Cervantes, Ribadeo, Begonte, Burela, Rábade, Xermade, Baralla, Pedrafita, Láncara, Castroverde, A Fonsagrada, Cervo, Negueira de Muñiz, Saviñao, Guntín, Pontenova, Sarria, Trabada, Meira y Foz.

En Ourense aparecen Castro Caldelas, Xunqueira de Ambía, Padrenda, Cartelle, San Xoan de Río, O Barco de Valdeorras, Boborás, Celanova, Larouco, Calvos de Randín, Montederramo, Barbadás, Ramirás y Taboadela.

Y finalmente, en la provincia de Pontevedra están Cambados, Sanxenxo, A Guarda, Cuntis, Agolada, Oia, Arbo y O Rosal.

El ministerio incluye las medidas que se proponen tomar las entidades locales para volver a las reglas fiscales. Algunos concellos se comprometen a incrementar la recaudación por el IBI, como Arbo, Cambados o Cuntis. Otros, a actualizar la ordenanza que regula la tasa de basuras para tener más ingresos, como Ribeira o Sarria. Hay quien se compromete a restringir el uso de los remanentes de tesorería para que no vayan gastos generales, como O Barco, As Pontes o Carballo.

Pero hay propuestas de todo tipo, como subir el precio de las entradas de las piscinas municipales, elevar el impuesto de circulación, evitar el recurso a créditos para pagar al personal, recortar el gasto para el refuerzo de la policía local, realizar un nuevo contrato del ciclo integral del agua y hay quien solo se compromete a cumplir en el futuro las reglas de gasto, como el Concello de A Coruña.

Caso aparte es el de Sanxenxo, ya que su incumplimiento deriva del tener que ejecutar una sentencia que le obliga a pagar 13 millones de euros —incluidos los intereses de demora— por una expropiación hecha en 2011, sin poder acudir al endeudamiento para cubrir los fondos necesarios.

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