La revisión del alquiler subirá la renta en casi mil euros a 36.500 gallegos

La recuperación económica y el alza en la movilidad laboral que registró España tras iniciarse la distensión de las medidas sanitarias puestas en marcha para frenar la propagación del virus del coronavirus provocó que en 2021 se contabilizase una cifra récord de contratos de alquiler. Según los datos recabados por el Ministerio de Consumo, a partir del Panel de Hogares que realiza la Agencia Tributaria, en aquel año se sellaron 632.369 contratos —65.000 más que durante el 2020—. De ellos, 36.543 se formalizaron en Galicia.

Una importante bolsa de viviendas cuyos contratos de alquiler deberán comenzar a renovarse a partir del 1 de enero del próximo año, superados ya los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos (LAU). Sin embargo, la coyuntura del mercado residencial es hoy muy diferente a la de entonces tras una progresiva escalada de los precios de la vivienda. Es por ello que muchos inquilinos se preguntan: ¿cuál será el precio que los caseros le demandarán ahora por el inmueble en el que residen?

Una cuestión a la que el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha querido dar respuesta. Para ello han realizado una estimación teniendo en cuenta la variación del precio del metro cuadrado a lo largo del periodo analizado.

Un estudio al que ha tenido acceso este diario y que cifra el incremento del precio de las cuotas para una renta mediana a nivel estatal en 1.735 euros extras al año.

La cifra viene enormemente condicionada por el incremento en las rentas que Consumo prevé en Baleares (4.615 euros anuales extra) y, en menor medida, la Comunidad Valenciana (2.686), Canarias (2.267) y la Comunidad de Madrid (2.042).

Galicia, en este sentido, se sitúa bastante por debajo del alza promedio estatal, con un incremento en las rentas que se situaría en los 980 euros anuales, o, lo que es lo mismo, 81 euros extras al mes en la cuota que pagan los inquilinos. Una situación que afectará hasta a 82.222 gallegos, aquellos que residen en estos inmuebles según las aproximaciones realizadas por el Ministerio de Consumo.

En la comunidad, únicamente quedaría fuera de estos cálculos A Coruña, el único concello en el que se aprobó la declaración de zona de mercado residencial tensionado, y donde el alza que podrán tener los arrendamientos está tasado legalmente a la variación anual del IPC.

Cabe mencionar que el análisis tiene en cuenta la totalidad de contratos sellados por personas físicas en 2021, ya que la actualización de los contratos de aquellos inmuebles arrendados por personas jurídicas tiene lugar a los siete años según la LAU. Por otra parte, la cifra de inmuebles afectados puede ser menor, ya que los inquilinos pueden haber abandonado la vivienda y rescindido el contrato en este periodo de cinco años, de modo que no cabría actualización.

Desde Consumo apuntan que estos datos «confirman que la vivienda se ha convertido en una aspiradora de riqueza en nuestra sociedad» y, teniendo en cuenta la actualización de precios que se dará en esta importante bolsa de viviendas durante el próximo año, «la transferencia de renta de inquilinos a propietarios podría llegar a ser de 1.003 millones de euros más».

Ante esta situación, Sumar ha demandado la prórroga inmediata de estos más de 600.000 contratos de alquiler con la intención de paliar el incremento de las rentas. Sin embargo, desde la pata socialista del Gobierno y que dirige el Ministerio de Vivienda, arguyen que la congelación obligatoria de contratos a través de un decreto-ley necesitaría la aprobación parlamentaria y en estos momentos no existe una mayoría que apoye esta moratoria.