Galicia acapara el 10% de los anuncios ilegales de VUT detectados por Consumo

Uno de cada diez anuncios ilegales de viviendas de uso turístico que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha detectado en la plataforma online Airbnb se correspondían con inmuebles radicados en Galicia.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy comunicaba el pasado lunes la imposición de una sanción de 64 millones de euros por anunciar alojamientos que carecían de la preceptiva licencia para ofrecer este servicio. En total, según contabilizó Consumo, esta página web —que es la principal comercializadora de viviendas de uso turístico a nivel mundial— consintió la publicación de 65.122 anuncios que infringían la normativa sobre este tipo de activos turísticos.

Así, más del 10% de estas ofertas ilegales anunciaban inmuebles ubicados en la comunidad. Según los datos dados a conocer ayer por Consumo, en esta plataforma online estaban presentes 6.897 anuncios de viviendas gallegas en los que no figuraba el número de registro autonómico y 59 en los que sus propietarios decidieron introducir un código falso.

De este modo, Galicia se sitúa como la tercera comunidad con un mayor volumen de viviendas anunciadas de modo ilegal en Airbnb, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (21.938) y las Islas Canarias (12.728).

Es importante subrayar que todos los casos sancionados son previos a la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital, una medida que, desde el pasado 1 de julio, obliga a todas las viviendas de uso turístico a contar con un número de registro estatal para poder ofrecer sus servicios en este tipo de canales de comercialización, donde además de Airbnb, destacan Booking o Fotocasa.

Sin embargo, antes de la entrada en vigor de este registro único estatal, las viviendas de uso turístico de todas las comunidades autónomas a excepción de Madrid, Andalucía y Extremadura, ya estaban obligadas por sus normativas autonómicas a introducir el número de registro en sus anuncios.

Así, en el caso de Galicia, el decreto 12/2017 estipula que el régimen sancionador de las viviendas de uso turístico viene marcado por la Lei do Turismo. Este texto sanciona las infracciones leves, que en el caso de las VUT podría ser no incluir el número de registro en un anuncio, con multas de hasta 900 euros. Las infracciones graves, como alquilar una vivienda que no está inscrita en el registro autonómicos, suponen multas de entre 901 y 9.000 euros, mientras que las infracciones muy graves, como el alquiler reiterado de un inmueble no inscrito, pueden llegar a acarrear una sanción de 90.000 euros.

Desde la Agencia de Turismo de Galicia, el órgano encargado de llevar a cabo esta inspección y de ejecutar el régimen sancionador, apuntan que «la Xunta lleva años combatiendo la ilegalidad turística, con rigor y firmeza». En este sentido, apuntan que la inspección realizó a lo largo del pasado año hasta 4.000 actuaciones.

Sostienen, además, que el Ejecutivo gallego está intensificando el control en las plataformas con nuevas herramientas informáticas de análisis. «Trabajamos en contacto directo con varias de ellas para combatir irregularidades», añaden.

En este sentido, las viviendas de uso turístico publicitadas de modo ilegal en Airbnb que detectó el Ministerio de Consumo podrían ser objeto de sanción por parte del Ejecutivo gallego que es el poseedor de esta competencia. El departamento de Pablo Bustinduy, por su parte, carece de capacidad para sancionar a los propietarios de estos inmuebles, pudiendo multar únicamente a la web comercializadora, como así ha hecho con la segunda multa económica más elevada de la historia de este departamento.

Críticas al Gobierno

Desde Turismo de Galicia critican el exceso de celo por parte del Gobierno con respecto a estos activos turístico y la sobrebundancia de regulación. En este sentido, censuran «una carrera» entre los ministerios de Consumo —que envió a la Xunta un listado de anuncios ilegales, volcado en bruto y con ofertas repetidas— y de Vivienda—con la puesta el marcha del registro único— «por ver quien gana».

«Los dos ministerios no están más que creando confusión ya que ninguno de los dos coincide en las cifras de VUTs supuestamente ilegales, por lo que se hace difícil entender como pretenden tomar alguna medida contra ellas», lamentan desde el organismo que dirige Xosé Merelles.