El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»

España, al igual que el resto de estados que conforman la OTAN y la Unión Europea, está inmersa en un proceso de incremento de sus capacidades militarescon el objetivo de dar respuesta a un contexto geopolítico impredecible —sobre todo, desde la invasión de Rusia a Ucrania— y a la necesidad de reformar y modernizar su defensa frente a nuevas amenazas híbridas. Así, por primera vez desde que la Alianza Atlántica marcó este objetivo en 2014, el Estado destinó durante 2025 el 2% de su PIB al gasto militar, después de incrementar durante la última década un 43% su gasto en Defensa.

En este contexto, se está desarrollando un importante conflicto laboral entre el departamento que dirige Margarita Robles y las principales asociaciones profesionales con respecto a las retribuciones que percibe el personal militar por su trabajo. El pasado miércoles, tras la reunión del Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), en la que no hubo acuerdo, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) emitía un comunicado en el que censura que el Ministerio «prioriza la modernización del material mientras abandona» a su personal, «la columna vertebral» de los ejércitos.

En conversación con este diario, Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), realiza una representación muy gráfica de esta situación: «Un carro de combate actual de los que tiene el Ejército Español, un Leopard, está valorado entre 13 y 15 millones de euros. Ese carro lo maneja un militar que está ganando entre 1.200 y 1.300 euros. Lo mismo ocurre con los aviones de combate, los Eurofighter. Depende dónde se mire, pero su coste está en torno a los 45 millones de euros y los manejan tenientes que no llegan a un salario mensual de 2.000 euros».

Una situación que, según denuncia Unibaso, está generando una fuerte desafección en la plantilla militar. «El personal militar se siente muy desmotivado y eso es algo que se percibe en la continua pérdida de plantilla y la incapacidad de retener el talento», apunta el secretario general de la AUME.

Según los datos del propio Ministerio de Defensa, a lo largo de la última década —entre 2015 y 2024—, el Ejército español perdió más de 4.000 efectivos.

«Hay personal que lleva muchos años de servicio que se está marchando a otras administraciones. Hay oficiales muy cualificados que han abandonado para ser policías municipales en una ciudad o suboficiales que se están yendo a la Guardia Civil porque las condiciones laborales y económicas son mucho mejores», apunta Unibaso.

Las asociaciones militares entre las que, además de ATME y AUME, se encuentran la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) reclaman al Ministerio una «dignificación» de sus retribuciones. «En abril de 2024, nosotros —las diferentes asociaciones profesionales en conjunto— propusimos a Defensa una subida salarial mensual de 800 euros», explica el representante de AUME.

El pleno del COPERFAS es el foro en el que esta proposición debería haber sido debatida. Sin embargo, el departamento de Robles aprobó de modo unilateral una subida lineal de 200 euros a principios de este año y no convocó a este órgano hasta el pasado miércoles. Un año y medio después de que las asociaciones militares realizasen su primera oferta. Allí, AUME, ASFASPRO y UMT demandaron un aumento de las retribuciones de 600 euros mensuales, a lo que los representantes ministeriales se negaron.

Fue precisamente esta negativa, que las asociaciones tachan de «tomadura de pelo», y la ausencia de Margarita Robles —de viaje en Líbano visitando a los soldados allí desplegados— a la reunión del pleno del COPERFAS del pasado miércoles lo que ha llevado a las asociaciones a demandar la dimisión de la ministra socialista.

Afectados en Galicia

Según los datos del Ministerio de Defensa, a 1 de enero de este mismo año, hay casi 7.919 efectivos del Ejército que desarrollan sus funciones en Galicia, sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra —dada la influencia del Arsenal de Ferrol, la Escuela Naval de Marín y la base de la Brilat en Figueirido— que se ven afectados por esta negativa al alza salarial.

En este caso, hasta 3.926 son militares de carrera y 3.993 cuentan con una relación de servicios de carácter temporal con el Ejército. Según explica Unibaso, estos últimos son, sobre todo, el personal de la escala de tropa y marinería. Es decir, los rangos más bajos de la escala militar: soldados, cabos... Solo pueden mantener esta relación laboral provisional con las Fuerzas Armadas hasta los 45 años. Después pueden optar a ser militares de carrera, pasando a ser «fijos» o «permanentes» mediante un proceso de oposición.

Un freno para ampliar la tropa

Dentro de ese marco remilitarizador en el que se encuentra Europa, no son pocos los países que están abordando la necesidad de retomar el servicio militar con el objetivo de tener un número de efectivos mayor ante una eventual necesidad que los Gobiernos ven cada vez más cercana. Así lo han hecho ya Francia y Alemania, que han puesto en marcha un servicio nacional voluntario que empezará el año que viene y que, en el caso del país teutón, puede llegar a ser obligatorio si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento.

No obstante, en España este es un debate que, al menos con este Gobierno, no está encima de la mesa. Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido con la Alianza Atlántica a incrementar en un 11% los efectivos de las Fuerzas Armadas en diez años. Es decir, 14.000 militares más hasta 2035. Una responsabilidad adquirida para la que las retribuciones juegan en contra. Así lo explica el secretario general de la AUME que percibe que cada vez menos jóvenes valoran la posibilidad de ser soldados con las condiciones salariales existentes. «Reclutamos a la gente en la escala más básica, la tropa de Marina y Tierra, pero en muchas ocasiones ni finalizan los procesos de formación y piden la baja. Es algo que se percibe claramente en las academias que ya no reciben las solicitudes que había hace unos años», explica.

Más allá del aspecto puramente salarial, Unibaso incide en la necesidad de dignificar la profesión y no emplear a los profesionales como arma política. «Es una problemática que se da en todas las administraciones. Este mismo verano, con la ola de incendios, veíamos como presidentes autonómicos pedían la llegada de 1.000 soldados, como si eso fuese la panacea. ¿Qué quiere usted? ¿1.000 paracaidistas, submarinistas, tapadores, artilleros, infantes de marina...?», cuestiona.