La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: “Salió el nombre del que lo amenazó de muerte”

Los padres de Diego Bello, Pilar Lafuente y Alberto Bello, y su hermano Bruno han acudido este viernes en Manila (Filipinas) a una vista del juicio por el asesinato del joven coruñés, muerto por disparos de la policía en su casa de la isla filipina de Siargao el 8 de enero de 2020. “Salimos bastante satisfechos. Nos dieron opciones de decir que Diego y su socio fueron amenazados de muerte”, relata la madre, que contestó varias preguntas de los abogados de la defensa.

Bruno Bello, hermano de la víctima, destaca que “salió el nombre del que hizo la amenaza, el gobernador Miguel Villafuerte”. Bruno confiesa que fue “muy muy duro ver por primera vez y tener a menos de medio metro a los responsables del asesinato de Diego”. “Y para mis padres mucho más”, puntualiza.

La familia asegura que tienen “que seguir como hasta ahora, trabajando en silencio y con mucho respeto por la justicia filipina”.

La jueza les ha trasladado su intención de que el proceso vaya “más rápido”, ya que el juicio arrancó hace tres años.

Los padres de Diego Bello, en Filipinas para defender "la verdad"

Pilar Lafuente y Alberto Bello, padres de Diego Bello, muerto por disparos de la policía en su casa de la isla filipina de Siargao el 8 de enero de 2020, han acudido a declarar este viernes en el Juzgado número 1 de la Corte Regional de Manila, donde se celebra el juicio contra el capitán Vicente Pañuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda, a los que se acusa de haber asesinado a sangre fría al joven coruñés y de manipular la escena del crimen, según la acusación pública.

La vista oral se inició en octubre de 2023 y desde entonces ha sufrido varios aplazamientos, a los que se ha sumado la jubilación de la jueza que hasta ahora se encargaba del caso. Los padres de Bello han acudido a Filipinas para aportar su versión sobre la vida que el coruñés llevaba en Siargao, con el fin de contradecir la argumentación de los acusados, quienes justificaron su actuación asegurando que Bello se dedicaba al narcotráfico y que tuvieron que dispararle en defensa propia.

Las investigaciones del NBI, un organismo oficial filipino, revelaron, sin embargo, que los policías dispararon a Bello sin justificación y que colocaron en sus manos una pistola y unas dosis de cocaína para tratar de exculparse.

No se trata de la primera vez que los padres del joven deportista coruñés, que practicaba el surf y había creado una marca propia de ropa, se desplazan a Filipinas para seguir la causa judicial, ya que viajaron allí en noviembre de 2023, poco después del arranque del proceso. Desde entonces se han producido hechos como la negativa de la Justicia filipina en mayo de 2025 a conceder la libertad bajo fianza a los tres acusados al considerar que la Fiscalía ha presentado pruebas, como declaraciones de testigos, la reconstrucción de la escena del crimen y el análisis balístico, que desmienten la versión que ofrecieron de los hechos.

También tuvo en cuenta que los policías reconocieron haber estado en el lugar del crimen y participado en la supuesta operación antidroga que llevó a la muerte, así como que la investigación del NBI reveló que la muerte de Bello “no fue consecuencia de un enfrentamiento armado” con los policías.

Dos meses antes de esa resolución, el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido para ser juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Duterte era el jefe del Estado cuando se produjo el asesinato de Bello, que se inscribió en la política de lucha contra la droga en la que murieron 6.000 personas en operaciones policiales y ejecuciones extrajudiciales. El tío de Bello, Francisco Lafuente, declaró a este diario que durante la presidencia de Duterte hubo una «política de asesinato de gente con el pretexto de una guerra contra el narcotráfico», e indica que la muerte del joven coruñés «no fue algo casual, había muchos más casos».

Los padres de Diego han desarrollado además una campaña de recogida de apoyo político a su reclamación de justicia que les ha llevado al Parlamento Europeo, donde se reunieron en 2024 con diputados de varios países y con la subdirectora general para Asia del Servicio Europeo de Acción Exterior, Paola Pampaloni, quien señaló que el caso de Diego Bello “es un asunto prioritario para la Unión Europea”.