La Xunta amplía su objetivo en vivienda pública: busca llegar a 10.000 nuevos inmuebles para 2030

Era una de las grandes promesas electorales del ahora presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las elecciones autonómicas de 2024: la creación de vivienda pública. Se ponía, por aquel entonces, un reto ambicioso por delante, duplicar el parque de inmuebles de este tipo de inmuebles para llegar a los 8.000 al final de la legislatura. Una cifra que el mandatario autonómico eleva ahora, con el objetivo de llegar hasta las 10.000 antes de que termine la década.

Para tratar de llegar a este objetivo, el Consello de la Xunta dio este lunes luz verde al segundo pacto de vivienda de Galicia que, en palabras de la titular de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, «cuenta con el apoyo de todos los implicados» —en referencia a todos los representantes del Observatorio de Vivenda de Galicia—. La dotación para poder poner en marcha este pacto asciende hasta los 2.000 millones de euros, de los cuales la Xunta aportaría 1.630 —un 82%— y el resto saldrían de partidas del Gobierno central y la Unión Europea, según trasladó el mandatario autonómico.

«Tenemos una ruta de hoja muy clara», declaró la conselleira, sobre un plan que se vertebra sobre cuatro liñas estratégicas, 45 acciones y un anexo específico con medidas dirigidas a la población más joven, una de las más afectadas en todo lo relativo al acceso a la vivienda, como los alojamientos compartidos o la reserva de parte de los nuevos inmuebles protegidos. Además, más allá de estas medidas, la Xunta prevé que tenga un impacto importante en el ámbito del empleo, con la creación de en torno a 60.000 puestos de trabajo «durante lo que duren las obras».

Ejes vertebradores

La primera de las líneas estratégicas gira en torno al acceso a la vivienda. Esta no solo se centra en la creación de vivienda pública, sino que, en palabras de Allegue, se busca una dinamización del parque ya existente. Para ello, apuntó, se seguirá con actuaciones ya iniciadas como la compra de inmuebles para convertirlos en vivienda protegida o las ayudas para la compra en pequeños concellos o hechas por menores de 36.

La rehabilitación también será otro de los puntos centrales, con la convocatoria de varias ayudas a lo largo de este año en distintas materias como eficiencia energética, accesibilidad o mantenimiento.

Otra de las líneas a seguir se centra en el desarrollo de suelo residencial. Esta cuestión ya está en marcha a través de los Proyectos de Interés Autonómico. El propósito que se marca el Ejecutivo es urbanizar alrededor tres millones de metros cuadrados para poder construir 25.000 nuevas viviendas, de las que 20.000 sean protegidas.

El cuarto y último punto, «de carácter transversal», incluye otras medidas relacionadas con cuestiones como el desarrollo normativo o la promoción de la innovación y el uso de la inteligencia artificial en la construcción.