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INFORME CÁRITAS

"La vivienda expulsa de una vida digna": ya es el principal factor de exclusión social en Galicia

Un informe de Cáritas alerta de "un deterioro muy significativo" de la integración de las personas vulnerables

Los representantes territoriales de Cáritas, la Valedora do Pobo, el arzobispo de Santiago y representantes políticos

Los representantes territoriales de Cáritas, la Valedora do Pobo, el arzobispo de Santiago y representantes políticos / Jesús Prieto

Belén Teiga

Belén Teiga

Galicia

En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación compartida por buena parte de la sociedad. El incremento de los sueldos no es paralelo al del precio de los alquileres, impera la ley de la oferta y la demanda en un panorama adverso en el que ya uno de cada cuatro hogares gallegos presenta algún indicador de exclusión residencial. La situación es grave: más de 78.000 familias, en torno al 7%, soportan gastos excesivos derivados de la vivienda que los sitúan por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar el alquiler o la hipoteca.

"La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna", señaló este miércoles el coordinador técnico del informe para la Fundación FOESSA, Thomas Ubrich, quien presentó la última radiografía de la exclusión social de la comunidad gallega de la mano de los representantes de las cinco Cáritas Diocesanas en Galicia. Entre 2018 y 2024 - año al que se refieren los datos del informe-, el precio de los inmuebles aumentó un 21% y el de los arrendamientos un 28%, algo que, apuntó, "está muy por encima del crecimiento de los ingresos reales". "La vivienda se ha convertido en un auténtico cuello de botella para la integración social", alertó en un acto en Santiago.

El empleo, insistió, «ya no garantiza salir de la exclusión» y es que, a pesar de que Galicia mejora sus indicadores laborales y el desempleo baja, «la inestabilidad laboral grave sigue afectando al 5,6% de las personas ocupadas». En este sentido, Ubrich quiso desmentir durante su intervención el mito de la «pasividad» de las personas en situación de exclusión o de pobreza en relación a la idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones: «Eso es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia».

El análisis, hecho a través de entrevistas a más de 600 hogares de la comunidad, pone de manifiesto que tres de cada cuatro hogares en exclusión social severa activan estrategias de inclusión, como son la búsqueda de empleo, la formación y la activación de redes. «Pero chocan con barreras estructurales y se topan con dispositivos muchas veces fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados», matizó el sociólogo.

La integración, uno de los grandes retos

La realidad es compleja. El 12,7% de la población gallega está en una situación de exclusión social, un porcentaje que desciende en los últimos años. En la cara B de esta moneda, "el espacio de la integración muestra un deterioro muy significativo", incrementándose la integración precaria, es decir, aquella "en la que las personas no están formalmente excluidas, pero viven en una situación de vulnerabilidad constante". Esta afecta, según detalla el informe, al 43,8% de la población.

"Cuando casi la mitad de la población vive en equilibrio inestable, cualquier crisis puede empujarla rápidamente hacia la exclusión severa", alegó Ubrich. Esto tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida, afectando especialmente a la soledad, el debilitamiento de los vínculos y la salud.

El 18% de los residentes en la comunidad presenta problemas de exclusión en cuidados de la salud. En este sentido, el informe refleja que, «mientras que en otras comunidades el problema es la falta de recursos, en Galicia destaca la falta de asistencia médica por enfermedad grave o crónica». La comunidad duplica, según el informe, la media estatal en el número de hogares que declaran que algún miembro con alguna dolencia grave no ha recibido atención médica en el último año, lo que supone un total de 78.000.

Cobertura del IMV

Ubrich desgranó también los datos relativos a la pobreza, precisando que la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 14,2% de la población y, en el caso de la severa, en el 5,9%, cifras que se reducen y son menores respecto a las registradas a nivel estatal. Con todo, se incrementa la carencia material, que sufre un 4,8% de la ciudadanía gallega.

«En este contexto, el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades», aseguró. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a un porcentaje «muy reducido» de sus potenciales beneficiarios, mientras que la cobertura de la Renta de Inclusión Social en Galicia (Risga) es «muy limitada».

«Esto debe interpelarnos a todos como parte involucrada de la sociedad. Estamos construyendo una sociedad desigual, con grandes brechas sociales, entre ella la generacional, con la vivienda y el empleo como ejes de la exclusión», declaró, por su parte, María Victoria González, responsable de la Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, quien habló en representación de Amparo González (Lugo), Óscar Diéguez (Ourense), Pilar Farjas (Santiago) y Alfonso Moreno (Tui-Vigo). Además, invitó a superar «de manera urgente» la lógica individualista.

Regularización de migrantes: «Van a poder acceder a sus derechos»

El Gobierno central anunció al inicio de esta semana la regularización extraordinaria de en torno a 500.000 personas extranjeras que ya residen en España. Entre los requisitos a cumplir están no tener antecedentes penales, acreditar el haber vivido al menos cinco meses de manera continuada en el país y encontrarse en él antes del término del pasado año.

Cuestionado por esta medida, cuyo texto se encuentra ahora en audiencia pública, Ubrich la calificó como «muy positiva». «Van a poder acceder en mayor medida a sus derechos, una cuestión que no tienen siempre garantizada», aseguró, al tiempo que recordó que están entre los grupos a los que más afecta la exclusión social en el territorio gallego y en el conjunto de las comunidades.

El coordinador técnico del informe de Foessa quiso, además, ilustrar esta cuestión con cifras. En este sentido, detalló que dentro de las personas de nacionalidad extranjera, la situación de exclusión se multiplica en un 70% entre aquellas en situación administrativa irregular.

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