El debate político del lobo: Galicia y otras seis autonomías denunciarán en Europa al Gobierno central

El lobo se ha convertido, hace ya tiempo, en un tema central del debate político, tanto a nivel estatal como en las comunidades. Para tratar esta cuestión los responsables de Medio Ambiente de las comunidades loberas mantuvieron este viernes un encuentro en Santander (Cantabria) en el que, entre otras cuestiones, urgieron al Ministerio de Transición Ecológica a convocar una mesa sectorial específica, a que el lobo continúe fuera del Lespre y a que se envíen los fondos establecidos para las comunidades autónomas.

"No queremos acabar con el lobo, queremos convivir adecuadamente con él", señaló la titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, quien habló en nombre de todas las comunidades presentes. En el encuentro estuvieron presentes la conselleira de Medio Ambiente gallega, Ángeles Vázquez; su homólogo en Castilla y León, Juan Carlos Suárez; la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural del País Vasco, Amaia Barredo; su homóloga en La Rioja, Noemí Manzanos; el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Rafael García; y el Director General de Medio Natural de Aragón, Alfonso Calvo. "Teníamos que hablar y seguir dando pasos en un asunto que nos preocupa mucho", insistió Susinos.

La hoja de ruta acordada cuenta, detallada por Susinos, con varios puntos. El primero de ellos, es que el Gobierno central "cumpla con obligaciones con la Unión Europea", en lo referido a los informes que, cada seis años, se deben remitir. "Tenían que haber sido enviados antes del 31 de julio de 2025. El Ministerio ni los ha enviado ni ha dado explicaciones", declaró, al tiempo que explicó que el último análisis remitido es del periodo 2013-2018.

Por ello, presentarán «una denuncia formal a la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario por parte del Gobierno español». «Los resultados de los análisis de todas las comunidades loberas indican una clara tendencia favorable de la población del lobo. Esto pone en cuestión la postura defendida por los grupos ecologistas y respaldada por el Ministerio de que el lobo se encuentra en un estado desfavorable», alegó Susinos.

Sobre esta cuestión se pronunció, horas después, el Ministerio, que no acudió a la reunión pese a estar invitados, para subraya que «la no remisión, por el momento, del informe responde a criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica». Destaca que el informe, en su estado actual, «no ofrece una base científica solvente», ya que en los últimos meses «se han producido cambios sustanciales en la situación del lobo». Además, añade, España solicitó a comienzos de agosto una ampliación del plazo de entrega, «que fue expresamente aceptada por la Comisión Europea, y dispone todavía de dos meses».

El documento se refiere también al recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones introducidas por el PP en la ley de desperdicio alimentario —que permitieron sacar al lobo del Lespre— interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. «La mayoría ya nos hemos personado del lado de la parte demandada. Galicia lo va a hacer en breve», aseguró, señalando que la «regulación está dentro del marco constitucional».

En un comunicado enviado a los medios, la conselleira Ángeles Vázquez destacó «la sintonía» entre las comunidades participantes y recordó que la normativa que supuso la salida del Lobo del Lespre «fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, cumpliendo en todo momento la legislación vigente en este tipo de procedimientos».

Por todo ello, las comunidades loberas reclaman una conferencia sectorial específica sobre la cuestión del lobo, así como que «se transfieran a las comunidades autónomas los fondos de la Estrategia Nacional de Conservación, que figuran en unos Presupuestos Generales prorrogados». En el caso de Galicia, según detallan fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, el Ministerio le debe 12 millones de euros.

El documento que firmarán este viernes las siete comunidades autónomas presentes en Santander cuenta, además, con el respaldo de Andalucía, Murcia, Comunitat Valencia, Islas Canarias, Baleares y Extremadura, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Asturias declinó la invitación al encuentro

A la reunión estaban invitadas todas las comunidades autónomas. Entre las que rechazó la invitación está el Principado de Asturias, donde su consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, aseguró que es "poco oportuna" por su cercanía a los procesos electorales de varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón y Castilla y León. "Hubo tiempo para hacerlo antes", declaró.

Tampoco acudió la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que en ningún momento dio a conocer si estaría o no presente en el encuentro.

Situación del lobo en Galicia

Ángeles Vázquez incidió en que su departamento «va a seguir defendiendo a los ganaderos» e insistió en que el escenario de Galicia «es complicado», con una población de lobo ibérico formada por un total de 93 manadas, según el último censo de la Xunta, que data de 2022. La especie estaría presente «en más del 90%» del territorio.

Así las cosas, apuntó que, pese a la salida del lobo al norte del Duero del Lespre, la comunidad «no puede realizar acciones de control de la especie por la suspensión por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de la resolución por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 2025-2026».