La Xunta da un ultimátum al Gobierno central con la AP-9: lo demandará si no remite la respuesta al dictamen de la UE

El Ejecutivo gallego acordó este lunes dar un plazo de un mes al Gobierno central para que le remita la documentación enviada a la Comisión Europea, como respuesta al dictamen comunitario que pone en duda la legalidad de las prórrogas de la AP-9, cuya concesión está en vigor hasta 2048. De no enviar esta documentación a la Xunta, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, adelantó, tras la reunión semanal de su equipo, que irán a la vía judicial y presentarán un recurso contencioso-administrativo para requerir esa información.

"Hace tres meses que solicitamos esos papeles", declaró el mandatario gallego. Rueda acusó así al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "no hacer nada" para rescatar la concesión y eliminar peajes "como sí se está haciendo en otras zonas, mientras que los peajes de la AP-9 han subido un 5% este año". Por ello, explicó, quieren conocer que ha respondido la Unión Europea y "actuar en consecuencia".

La mejor solución, en palabras del popular, es "primero el rescate y después la transferencia", quien recordó que es una cuestión que ya ha sido reclamada por unanimidad en varias ocasiones en el Parlamento de Galicia.

La oposición carga contra el PP

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, y el viceportavoz parlamentario del BNG, Luís Bará, volvieron a insistir este lunes en que la concesión de la autopista AP-9 continúa en vigor debido a la prórroga aprobada por el Partido Popular. Estas declaraciones suceden después de que el Gobierno central, en respuesta a una pregunta de senadores del PP, defendiese que "no procede el rescate" de la autopista porque "está plenamente en vigor".

Méndez apuntó, así, que la prórroga está "bajo revisión en Bruselas" y apeló a "dejar en curso el procedimiento iniciado" . Además, recordó que los socialistas demandan "la gratuidad" de la vía para que "no sea un lastre para el bolsillo de los gallegos", al tiempo que reiteró que la transferencia "no garantiza la gratuidad".

El diputado del BNG hizo hincapié en que la concesión permanece en vigor por la prórroga "que concedió el Gobierno de Aznar". "Estamos pagando peajes en 2026 porque el PP aprobó una prórroga de 25 años, con la cantidad de recursos que eso supone, y que ahora tenemos que anular para que los bolsillos de los gallegos no sufran ese saqueo constante", reprochó. Asimismo, defendió que el procedimiento abierto por la Unión Europea abre "una puerta a conseguir la nulidad" al no haberse garantizado "el cumplimiento de la normativa comunitaria".