Sin dinero, sin tiempo y sin red: la supresión del subsidio de excarcelación dispara la «desprotección» de los exreclusos

El Gobierno decidió en noviembre del pasado año suprimir el subsidio de excarcelación a presos recién liberados. Un recurso fundamental para el cumplimiento del principio de reinserción social que otorgaba a los exreos aproximadamente 480 euros mensuales durante seis meses prorrogables, con el objetivo de prevenir la reincidencia por motivos económicos y facilitar el acceso a vivienda, alimentación y servicios básicos durante los primeros días en libertad.

Desde entonces, los expresos únicamente tienen la posibilidad de solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una prestación que tarda más en llegar —seis meses de media—, supone una mayor burocracia, ignora la especificidad del colectivo y, en muchas ocasiones, ni siquiera llega a concederse. Así se desprende del informe Consecuencias da supresión do subsidio de excarceración e impacto social en Galicia, elaborado por la Fundación Érguete-Integración y presentado en la sede de la Valedora do Pobo.

Esta entidad, que el pasado año atendió a 477 personas en situación de privación de la libertad —el 14% de todos los presos de la comunidad—, apunta en su informe que este cambio normativo ha supuesto «un vacío de protección» para muchos exreclusos durante los primeros meses tras su liberación, incrementando el riesgo de exclusión social y de reincidencia.

Una situación que afecta a los reos de todo el Estado y de la que es consciente también el Defensor del Pueblo. De hecho, a la presentación del informe acudieron la adjunta primera de este organismo, Teresa Jiménez-Becerril, y el responsable del área de Justicia y Seguridad, Andrés Jiménez.

Precisamente, este último aseguró durante su intervención que «es inevitable que surjan problemas cuando se modifica un complemento específico, como era el subsidio, por uno general» y afirmó que a su departamento en el Defensor del Pueblo ya habían llegado «quejas» al respecto.

Requisitos

El principal cambio se encuentra en los requisitos. El subsidio se otorgaba directamente a los expresos en un plazo máximo de dos meses, con la salvedad de delitos graves como la trata de seres humanos o el terrorismo en los que se debía acreditar el pago de la responsabilidad civil derivada del delito y formular petición expresa de disculpas a las víctimas para poder acceder a la prestación.

Sin embargo, el IMV ha generado una «imposibilidad de acceso» para los reclusos salidos de prisión, ya que se les imponen unos requisitos que «se han convertido en barreras infranqueables», según apuntó Antía Cisneros, secretaria de Érguete y responsable del apartado jurídico del informe.

Entre estas exigencias está el «haber formado parte de una unidad de convivencia durante seis meses anteriores a la solicitud», explicó Cisneros. Una circunstancia imposible de satisfacer para aquellas personas que han estado cumpliendo condena en un centro penitenciario. En el mejor de los casos, la persona debe demorar su solicitud esos seis meses para acreditar la convivencia tras su excarcelación, obligando a las familias a asumir toda la carga económica durante ese tiempo.

Cuatro de cada cinco solicitudes del IMV de los expresos atendidos por Érguete fue denegada

Otro de los requisitos es haber estado de alta en la Seguridad Social durante un periodo de 12 meses en el caso de menores de 30 años o acreditar vulnerabilidad económica a través de los ingresos del año anterior. «En conclusión, el antiguo subsidio era una medida individual de apoyo al proceso de reinserción sociolaboral de los reclusos, mientras el fundamento del IMV no es la reinserción, sino que se trata de una medida de carácter general que tiene como objetivo paliar la pobreza de las familias», apuntó Cisneros.

Precisamente, para dar cuenta de la «desprotección» que esta situación ha generado en los presos, María Rodríguez Lago, que se encargó del apartado social del informe, apuntó que «cuatro de cada cinco solicitudes del IMV de los expresos atendidos por Érguete fue denegada».

En opinión de Lago, la existencia de este subsidio suponía un freno a la reincidencia por motivos económicos. «En la mayoría de ocasiones, lo que hace que las personas delincan es la carencia económica. Nadie puede vivir sin dinero. Solo coger un autobús te implica un gasto. Si no tengo para coger ese autobús no puedo ir al centro de formación. Si no me formo, no va a haber trabajo para mí y eso es un círculo que me devuelve otra vez a la puerta giratoria», sentenció.