De empleo a sanidad, la discriminación racial se multiplica en Galicia: más de 120 casos en un año

Las redes sociales están plagadas de discursos de odio. Son muchos los colectivos diana de insultos y vejaciones, de la comunidad LGBT a las mujeres, pasando por las personas migrantes o racializadas. Pero esta violencia no se queda solo en la red, muchas veces da el salto de la pantalla y se convierte en una realidad patente del día a día de miles de personas.

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre), dependiente del Ministerio de Igualdad, lleva años atendiendo a las víctimas de este tipo de discriminación, ayudándolas a tramitar sus reclamaciones y prestando una atención integral adaptada a sus necesidades. Con todo, nunca habían llegado a sus centros, repartidos por todo el mapa estatal, tantos casos como ahora.

A lo largo de 2024, año al que se refiere el último informe publicado por el Cedre, tuvieron constancia de 2.913 casos, a pesar de que el análisis apunta al "elevado porcentaje de infradenuncia existente en este ámbito", en muchas ocasiones por miedo, falta de información o, incluso, por no querer reconocerse a uno mismo que está siendo víctima de discriminación. El estudio apunta, asimismo, que el número de víctimas asciende hasta las 3.629, dado que en dos de cada diez casos la consulta es hecha por un colectivo, mayor de una persona.

Quienes viven en Galicia no son ajenos a esta situación. En 2024 se registraron 124 casos -93 individuales y el resto colectivos-. Desde 2021, cuando el Ministerio comenzó a proporcionar los datos por comunidades, el número no ha parado de crecer. Ese año fueron 35, al siguiente ya alcanzaron los 48 y en 2023 ya llegaron a los 83. De la mayoría de estos sucesos (103) se informó de manera presencial en la única oficina que el Cedre tienen en la comunidad, situada en la ciudad de A Coruña, mientras que los restantes se realizaron por vía telemática.

De sanidad al empleo, las barreras

La denegación de acceso a bienes y servicios es la causa de discriminación más habitual (en torno al 23% de los casos), seguida del acceso al empleo en el ámbito privado (14%). En este segundo supuesto, el informe apunta al conocimiento de "entrevistas donde se realizan preguntas sobre la procedencia étnica, preguntando directamente si son o no personas gitanas, o preguntando la nacionalidad en el caso de personas migrantes y en base a la respuesta rechazan a la persona candidata". Además, añade, en "muchas ocasiones" la víctima no denuncia "por miedo a represalias en el mismo trabajo, a la hora de buscar un nuevo empleo en otras empresas de la localidad o incluso por la dificultad de demostrar la motivación racista".

La salud, la vivienda y la educación son otros de los lugares donde se encuentran barreras. En ese sentido, el informe relata que, por ejemplo, "en alguno de los casos se ha reconocido por parte de la inmobiliaria que los propietarios de las viviendas son quienes toman la decisión final de no querer alquilar a las personas extranjeras".

Dentro de las funciones del Cedre para ayudar a las personas que acuden a sus servicios, lo más demandado, en un tercio de las ocasiones, es el asesoramiento sobre cómo actuar después de haber sufrido este tipo de violencia. Además, en torno al 18%, solicitan asistencia para interponer una denuncia o queja.

Perfil de las víctimas

A las oficinas del Cedre acudieron, según apunta el estudio, personas de más de medio centenar de nacionalidades diferentes, si bien la que concentra un mayor número de casos es, precisamente, la española, en torno al 20%. "Frente a la falsa creencia popular de que el racismo lo sufren solo las personas extranjeras, las distintas formas de discriminación racial o étnica afectan, también, a personas que, siendo españolas, pertenecen a grupos poblacionales o étnicos que sufren con más asiduidad la discriminación racial", reza el informe. A estos les siguen colombianos, venezolanos y marroquíes.

En lo referido al género, en el 49 % de las víctimas fueron mujeres, el 36 % hombres, mientras que el resto prefieren no decirlo. Además, seis de cada diez víctimas atendidas tienen una franja de edad entre 18 y 45 años, algo que obliga a tratar el tema "desde una perspectiva interseccional".

021, un teléfono para atender a las víctimas

En agosto de 2022, el Gobierno central anunciaba la puesta en marcha de un teléfono, el 021, para asistir a las víctimas de situaciones o delitos por cuestiones de raza o etnia. Este se entró en funcionamiento casi un año después, pero aun a día de hoy sigue siendo un gran desconocido entre la población general. Al menos así lo reflejan los datos y es que a lo largo de 2024, se dirigieron a este número tan solo 580 llamadas. La cifra de consultas recibidas a través del WhatsApp activado a este propósito - 628 86 05 07- fue muy similar, sumando 568 dudas.

Estos dos números funcionan todos los días del año de 9 a 21 horas. Tras él hay cuatro personas con diferentes perfiles profesionales que se encargan de dar respuesta a las dudas o situaciones que puedan haber visto o vivido aquellos que acudan a este servicio.

Al igual que otros teléfonos de carácter gratuito del Estado, el servicio está abierto a todos los ciudadanos y es accesible desde todo el territorio. Ofrece asesoramiento jurídico especializado y comprende tanto la asistencia a las víctimas de discriminación como a los testigos y personas que conozcan dichas situaciones discriminatorias y delitos de odio.