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Amor, propiedades y Galicia: más de la mitad de los gallegos recién casados separaron sus bienes en 2024

El 93% de las capitulaciones apuestan por blindar el patrimonio individual

El régimen matrimonial por defecto en la comunidad es la sociedad de gananciales

Una pareja colocándose las alianzas en una boda.

Una pareja colocándose las alianzas en una boda. / Francis R. Malasig

Febrero es el mes del amor, que en Galicia ya empieza cuando casan os paxariños. Más que la tradición, el comercio invita a celebrar los vínculos emocionales y las decisiones importantes en una relación. Pero hablar de dinero sigue siendo uno de los grandes tabúes antes de dar el «sí, quiero», a pesar de que la gestión del propio patrimonio es una de las principales fuentes de conflicto en la vida en común.

En Galicia, por defecto, se establece como régimen supletorio el de gananciales, a diferencia de otras autonomías, como Cataluña. Según los datos de 2024 publicados por el Colexio Notarial de Galicia, recabados por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en la comunidad se firmaron el 6,8% de las capitulaciones matrimoniales de todo el Estado (67.693) para establecer el régimen económico del matrimonio. Esto se traduce en unos 4.603 acuerdos en Galicia.

Y de todas ellas, el 93,4% fueron para establecer una separación de bienes: un total 4.299. Ese año, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), se formalizaron 9.194 casamientos.

Es decir, más de la mitad de los gallegos que se casaron en 2024 optaron por separar sus bienes y cada uno quedarse con lo suyo. Estas cifras confirman, pues, una tendencia al alza en «los últimos años», como señala la abogada de familia en O Milladoiro (Ames) Noemí Otero. De hecho, aunque en 2022 hubo en Galicia unas trescientas bodas más, en 2024 se firmaron 260 separaciones de bienes a mayores.

Pero, ¿por qué? «El régimen de separación de bienes que tradicionalmente se percibía en Galicia como una falta de confianza entre los cónyuges se ha superado». Otero apunta a la cada vez mayor edad que tienen los novios al casarse, lo que facilita que «hayan constituido patrimonios propios, o que tengan ahorros, empresas y negocios que quieran proteger». También, que en el momento de la boda, es probable que los cónyuges ya tengan hijos.

En la procura de «defender sus bienes y su capital», también se busca «evitar largos y costosos, en ocasiones, pleitos de liquidación de sociedad de gananciales tras la separación o divorcio», añade.

«Tranquilidad y seguridad»

Los matrimonios, al igual que los tiempos, cambian, y prueba de ello es que cada vez son más los que relacionan la desconfianza dentro de la pareja con otras cosas, y ya no con lo que tenga cada uno. «Había muchos casos de parejas que no realizaban estas capitulaciones por tradición o por no enfrentarse a una desconfianza en la pareja e, incluso, en la familia, aunque en los asesoramientos y consultas que prestamos en nuestro despacho siempre aconsejamos esta fórmula», explica Noemí Otero: «Este régimen lo que realmente genera es seguridad».

Esa también es la sensación que explica una vecina de Santiago que decidió casarse y, después, separar sus bienes de los de su marido. «En mi caso decidí hacerlo porque mi pareja tenía un hijo de su anterior matrimonio y me producía tranquilidad saber que cada uno tenía sus propiedades y que estaba todo claro. Más que nada, para evitar problemas de cara a un futuro», confiesa.

Lo único negativo que contempla esta compostelana es que en Galicia no es la norma separar los bienes entre cónyuges, sino que automáticamente han de convivir en régimen de gananciales. Si esto se desea revertir, hay que pagar. «Fueron unos 400 euros bien gastados, por la sensación de tranquilidad, pero me parece antinatural tener que hacerlo después», reconoce esta santiaguesa.

«Debería aplicarse este régimen de separación de bienes por defecto en todo el Estado, permitiendo a los cónyuges más libertad respecto a su patrimonio individual», defiende Otero. Como abogada, cree que la norma en Galicia sobre los gananciales no se adapta a «la realidad social actual» y el derecho civil gallego debería tomar ejemplo del catalán y establecer la separación de bienes «por simple pragmatismo jurídico».

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