Así funciona el protocolo gallego contra el acoso escolar: casi cien casos detectados en un año

Abordar el acoso escolar es, en muchas ocasiones, una cuestión compleja. No se detiene dentro de las paredes del centro. Lo que acontece fuera del sistema educativo, en otros espacios o en las redes sociales, se escapa, a veces, del alcance de familias y profesores. Con todo, la conciencia social ha cambiado. Las campañas contra el acoso escolar se suceden y permean en todos los agentes implicados, pero esto no hace que su detección sea siempre sencilla.

Galicia cuenta desde hace más de una década con un protocolo específico para actuar ante estos casos. Fue la primera comunidad en contar con él, pero los continuos cambios y el uso masivo de internet hicieron que fuese precisa una actualización hace apenas un año. "El objetivo es claro: tolerancia cero. Es un tema muy complicado con un impacto individual grandísimo", señaló este jueves el Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien detalló junto a la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, cómo se aplica este plan si existe la sospecha de que un menor puede estar sufriendo acoso escolar.

Cada historia es distinta y lo son también sus consecuencias. En frío, los datos recopilados por este departamento apuntan a la apertura de en torno a 1.900 protocolos por posibles casos de acoso en los últimos tres cursos educativos. Serían 614 en el año escolar que abarca 2022-23, 686 en el siguiente y 616 en el último completado, el de 2024-2025. Pero no todos estos terminan con un procedimiento corrector, es decir, con medidas como la expulsión, el cambio de centro o la suspensión del derecho a ir a clase hasta 30 días, para el o los presuntos agresores.

Fue preciso llegar hasta este punto en 187 ocasiones a lo largo de estos tres cursos escolares (42, 54 y 91, respectivamente). Una cifra que, pese a ser preocupante, ya que "mientras exista un solo caso es necesario prevenir y actuar", Rodríguez consideró "positiva", si se tiene en cuenta que los colegios e institutos de la comunidad suman en torno a 300.000 alumnos.

Con todo, antes de llegar a esta situación existen muchas tonalidades de gris. Lo más importante, insistió Fernández, es la prevención, con planes de atención a la diversidad en las aulas, campañas de sensibilización, recursos específicos para las familias o encuentros para toda la comunidad educativa. También lo es hacer ver a los estudiantes que no solo hay agresores y víctimas, sino que los 'espectadores' tienen un papel fundamental. Y es ahí, donde se encuentra otro de los grandes retos, el de "romper la ley del silencio" que impera en los centros y pasar de los espectadores neutros -los que no toman partido, pero conocen el acoso- a los defensores.

¿Qué ocurre si hay sospecha de acoso?

Si el centro escolar tiene constancia por alguna vía de un posible caso de acoso, la dirección del centro y el equipo ACAE (Actuación Contra o Acoso Escolar, de carácter obligatorio) son los encargados de tomar partido. Es este equipo ACAE quien, una vez comunicados los hechos a la dirección, gestiona todas las actuaciones posteriores. La hoja de ruta se divide en cinco fases, siendo la primera el registro de comunicaciones de los hechos y una primera valoración para ver si existen indicios de acoso o ciberacoso escolar.

En el caso de existir, empezaría la fase 2, un proceso de investigación en el que el equipo ACAE observa de manera directa y sistemática las zonas 'de riesgo', como recreos o pasillos, y realiza entrevistas a las posibles víctimas, acosadores y a espectadores para poder recoger todas las perspectivas. En esta fase, no es necesario avisar ni a las familias ni a las personas representantes legales. Paralelamente, se pueden establecer medidas como el acompañamiento a la posible víctima de personas de su confianza. Si tras esta investigación el dictamen confirma la posible situación de acoso, se activa el protocolo. Ahí es cuando se hablaría de los posibles 619 casos del curso 2024-2025.

Es ya en esta tercera fase cuando se avisa a las familias, así como a la inspección educativa de lo que está sucediendo, y se tiene una reunión con las personas implicadas con su presencia. Terminadas las reuniones llega la fase cuatro, donde el equipo ACAE comunica a la dirección del centro las conclusiones que conlleva al cierre del protocolo y se decide si es precisa la apertura de un procedimiento corrector.

La última fase es la de evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas, tanto para la víctima como para el agresor. En el caso de ser necesario, Educación tiene la capacidad de abrir una vía de atención con Sanidade.

De los concellos a la Fiscalía

Compartir información con otras administraciones para poder afrontar estos casos es uno de los retos. Fiscalía y Xunta unieron fuerzas este mismo mes para luchar contra el acoso escolar, con el foco también puesto en la necesaria protección del personal docente. La Fiscalía tuvo en 2024 constancia de 75 casos de este tipo y, si bien las cifras "encajan", como señaló Fernández, "hay familias que acuden, por ejemplo, directamente a la justicia".

El siguiente paso es la creación de la Rede de Concellos contra o Acoso escolar, en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo objetivo es conocer si existe información sobre estos menores y sus familias en los servicios sociales para poder enfrontar el caso atendiendo a sus circunstancias personales.