La Xunta denuncia que el Gobierno le niega el acceso al expediente de la UE sobre la AP-9

El Gobierno central ha denegado a la Xunta el acceso al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la Autopista del Atlántico (AP-9). Así lo confirmó este jueves la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que ve en la decisión «opacidad» y «falta de transparencia».

Según explicó tras reunirse en Santiago con representantes de la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), el Gobierno comunicó el pasado miércoles su negativa a facilitar la documentación relativa al procedimiento europeo, alegando «falta de interés público» y confidencialidad.

Un argumento que la conselleira considera injustificado. «Llama la atención hablar de falta de interés público cuando se trata de una infraestructura que vertebra exclusivamente Galicia», señaló. Asimismo, cuestionó la alegación de confidencialidad, ya que la autopista discurre «íntegramente» por territorio gallego y cuenta con una media diaria de 26.000 usuarios.

Así, criticó lo que definió como una «patada para adelante» por parte del Gobierno central y aseguró que la Xunta está valorando los próximos pasos. «No nos vamos a quedar callados», advirtió, al tiempo que reclamó una reunión para recibir información directa sobre el expediente.

Transferencia y gratuidad

Por su parte, el secretario xeral de la Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López, defendió que la titularidad de la AP-9 debe pasar a Galicia y reclamó avanzar hacia la gratuidad de los peajes.

Según señaló, los usuarios «llevan mucho tiempo sufragando el coste de una infraestructura que está sobradamente amortizada». Además, criticó la negativa del Estado a facilitar información a la Ucgal a través del portal de transparencia, lo que calificó de «oscuridad y falta total de respuesta y explicaciones».

Por ello, la Unión de Consumidores llama a movilizar a la sociedad civil —organizaciones profesionales, transportistas y usuarios— para exigir tanto transparencia como el rescate de la vía, en coordinación con la Administración autonómica y otras entidades que deseen sumarse.

La conselleira subrayó que un informe encargado por su departamento concluye que el coste de bonificar los peajes hasta el final del período concesional es equivalente al del rescate de la autopista, por lo que reclama al Gobierno «valentía» para acometer esta medida.

La Comisión Europea considera ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048, acordada en el año 2000 durante el mandato de José María Aznar sin concurso público, un procedimiento que podría terminar ante los tribunales europeos.