La Xunta dará prioridad de adopción a las familias de acogida con las que ya vivan los menores

Las familias de acogida tendrán más posibilidades de adoptar al menor que vive en su hogar en el caso de que su situación cambie, por la razón que sea, al régimen de adopción. Esta es la medida principal de la Ley de infancia y adolescencia que el Ejecutivo gallego buscará sacar adelante con el propósito de que la comunidad disponga de una norma «moderna y adaptada a nuestra realidad».

Según los datos dados a conocer este lunes por la conselleira de Política Social, Fabiola García, esta norma afectaría a en torno a 365.000 menores, así como a familias, profesionales y las distintas administraciones. Fomentar el apoyo familiar como «fórmula prioritaria de protección» para los menores que no puedan vivir con sus parientes de origen es, en sus palabras, «la meta» de la Xunta.

«Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de crecer en una casa, sobre todo los de menos de seis años», declaró, al tiempo que puntualizó que se trata de una «reivindicación que viene de lejos» en el sector. De este modo, se llevará a cabo la denominada doble valoración, que avalará a una familia tanto como para adoptar como para acoger, siempre y cuando el personal técnico de la Consellería lo considere conveniente. Hasta este momento se trataban de procesos distintos, sin posibilidad de transitar de uno a otro. «Queremos que no haya una ruptura abrupta de los vínculos», relató la conselleira a los medios de comunicación tras la reunión semanal del equipo de Alfonso Rueda.

Esta ley, que el Consello de la Xunta quiere tener aprobada «en el segundo semestre del año» para remitirla al Parlamento, incluye otras medidas tales como la creación, por primera vez, de un registro de familias acogedoras y adoptivas. La finalidad, explicó García, es «mejorar el control y el manejo de los datos», así como reforzar la cooperación entre las distintas administraciones para regular «todas las medidas de protección», como guardias o tutelas. En ese sentido, recordó que la Xunta es la responsable en los casos de desamparo o riesgo grave del menor, mientras que el resto recaen sobre los concellos.

«Cambio de paradigma»

Desde el Gobierno autonómico reivindican que se trata de «un cambio de paradigma en la defensa de la infancia», en la línea de lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989. Más allá de Galicia, otras comunidades han empezado a dar pasos en este sentido. Sin ir más lejos, Castilla y León anunciaba en enero «más facilidades» para las familias acogedoras que quieran adoptar.