La Unión de Consumidores de Galicia impulsa una iniciativa para reclamar el traspaso y el rescate de la AP-9: "Queremos servir de puente y hablar de dignidad"

La AP-9 lleva años siendo uno de los puntos calientes del debate político y social en la comunidad gallega. Con un precio de los peajes que crece, año a año, a pasos agigantados, alcanzando ya los 21,40 euros el viaje entre A Coruña y Vigo, la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) busca reunir al máximo número de agentes posibles para reclamar el traspaso "inmediato" de la autopista vertebradora de Galicia, el rescate de la concesión y la anulación de las subidas "abusivas" de los peajes.

"Queremos servir de puente para todas aquellas personas que estamos de acuerdo en esta cuestión", explicó el secretario xeral de Ucgal, Miguel López, quien presentó la iniciativa AP-9. Nosa e de balde en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en Santiago. Este defendió que con esta propuesta lo que quieren es "hablar de dignidad" y "no ser tratados como ciudadanos de segunda", en referencia al rescate de otras autopistas como la AP-7 en Alicante, cuya concesión finalizaba ocho años antes que la de la AP-9, liberada el pasado mes de diciembre.

Para ello, la Ucgal pone este jueves un funcionamiento una iniciativa en la plataforma change.org para que todo aquel que apoye la liberación y el rescate de la vía pueda sumar su voz. "Instituciones, entidades, empresas, autónomos... queremos contar con todo el mundo", declaró, al tiempo que señaló que la Autopista del Atlántico convierte a Galicia "en una isla de peajes, con unos de los más caros de España".

"Los consumidores estamos pagando, no solo la subida del IPC, sino también el mantenimiento de la vía", aseguró, al tiempo que el volumen de ingresos de la empresa concesionaria, Audasa, "es enorme". La prórroga de la concesión de la AP-9 fue aprobada en el año 2000, bajo el gobierno del popular José María Aznar, y se alarga hasta el año 2048. Años después, en septiembre de 2021, la Unión Europea se pronunció por primera vez calificando de ilegal la prórroga. Tras varios avisos, al término del segundo y último aviso de Bruselas, antes de acudir al TJUE, el Gobierno de España contexto a la Comisión Europea con un documento que no ha querido hacer público. Ahora, se espera la respuesta desde el órgano comunitario.

Mientras, la Ucgal hace presión. Además de hacer un llamamiento a la población general, López anunció que se reunirán con los alcaldes de todos los concellos por los que pasa la autopista, con el propósito de recabar apoyos en cada uno de ellos. También pedirán el respaldo a los grupos parlamentarios que componen la Cámara autonómica, algo que esperan sencillo teniendo en cuenta las numerosas proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad para demandar al Gobierno la adopción de medidas con respecto a la AP-9.

El objetivo final, aunque no se ponen fecha, ya que lo importante es conseguir el mayor respaldo posible, explicó, es solicitar una entrevista con el ministro de Transportes, Óscar Puente. "Queremos hacerlo en el nombre de cuantos más gallegos, mejor. Esto daría traslado de cuál es el sentir común de Galicia", alegó.

Cuestionado López por cómo puede influir el distinto color político de Gobierno central y Xunta, señaló que le "entristece pensar que por cuestiones de naturaleza política se pueda estar atrasando un debate que defiende unánimemente toda la sociedad". "Me preocupa que se pueda pensar más en los intereses económicos de una empresa que en el interés de toda la sociedad gallega y que se les esté diciendo que tienen que pagar 22 años más unos de los precios más caros de España", zanjó, al tiempo que acusó al Ejecutivo central de "oscurantismo".