Eliminar los peajes de la AP-9 o controlar el precio de los alimentos: las exigencias del BNG al Gobierno por el impacto de la guerra en Oriente Próximo

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, detalló este viernes algunas de las medidas que los nacionalistas piden al Gobierno que incluya en el decreto que prepara para paliar el impacto en la economía de la guerra en Oriente Medio, entre las que ha demandado la eliminación de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53.

La formación nacionalista trasladará hoy mismo las propuestas de su formación por escrito al Ejecutivo, después de que el martes hablase con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de coordinar la relación del Gobierno con los grupos parlamentarios en esta materia. Rego calificó de "imprescindible" que se establezcan topes de control del precio de los alimentos, de los combustibles y, en definitiva, de la energía para aliviar el coste de "esta escalada inflacionista".

En esta misma línea, solicitó que se establezcan topes a las hipotecas y prohibir los desahucios, unas medidas que, recordó, ya se incluían en el real decreto del denominado 'escudo social' y que "la derecha y la ultraderecha tumbaron".

También demandó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúe "no solo con carácter supervisor", sino también "sancionador".

Situación del sector primario

Respecto al sector primario, Néstor Rego exigió un plan específico para el sector agroganadero y para el sector pesquero, "altamente dependiente de los combustibles". En este contexto, pidió que se paralice la entrada en vigor del tratado UE-Mercosur, ante una situación "de crisis e incerteza frente a todo lo que está por venir".

Del mismo modo, el diputado del BNG propuso un plan de emergencia para "micropymes y personas autónomas". En el ámbito fiscal, defendió una reforma "más progresiva" que aumente la carga a las rentas más altas y refuerce la protección social a las personas vulnerables.

"Es más necesario que nunca esa actuación en el ámbito fiscal", ha aseverado antes de demandar que se levanten las reglas fiscales que "limitan la capacidad de los ayuntamientos para poder usar el superávit". En esta línea, ha manifestado que es "urgente" actualizar el IPREM, "congelado desde 2023", para "proteger a los sectores más vulnerables" y que el índice de referencia sea el SMI.