Más de 50 personas se dan de alta al día como demandantes de vivienda protegida

El incremento continuado de los precios del alquiler, una oferta cada vez más reducida y unos salarios que no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida hacen del acceso a la vivienda un problema estructural que preocupa a ciudadanos y a la clase política. Este conjunto de factores provoca que cada vez sean más los gallegos que se inscriben como demandantes de vivienda en el registro del Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGVS).

Si a finales del mes de enero eran en torno a 28.400 las personas inscritas, tan solo mes y medio después se superan ya las 30.728. Esto supone un incremento del 6,6%, lo que se traduce en que, de media, 51 personas se dieron de alta como demandantes de vivienda pública al día en la comunidad. Las provincias de A Coruña y Pontevedra aglutinan el grueso de las solicitudes, con 11.270 y 14.711, respectivamente. Lugo, por su parte, cuenta con 2.915 personas a la espera y Ourense con 1.832.

Fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas apuntan a EL CORREO GALLEGO que «es lógico que siendo la vivienda uno de los principales ejes de las políticas de la Xunta y ante el final de las primeras obras de la legislatura, se esté produciendo un efecto llamada entre los demandantes». Ante estas cifras, con decenas de inscritos a diario, hacen una llamada al resto de administraciones a «sumarse al reto de construir, habilitar o promover más vivienda de protección».

Como es predecible, las siete grandes urbes gallegas concentran en torno al 77% de las peticiones, si bien las diferencias entre ellas son más que apreciables. Vigo se coloca a la cabeza en solicitudes, rozando las 10.000. Lejos aún de esta cifra está A Coruña, que ocupa el segundo puesto, con en torno a 6.250 personas registradas como demandantes de vivienda pública. En Pontevedra y Lugo son 1.952 y 1.837, respectivamente; mientras que en Santiago alcanzan las 1.749. La demanda es ligeramente inferior en Ourense, donde se registran 1.078 solicitudes, y más baja en Ferrol, donde apenas se superan las 700.

La escasez en la oferta de vivienda se hace notar también en los municipios que rodean las ciudades y cuya población no para de crecer. Ejemplo de esto son las cifras de Ames, único municipio de la comunidad en el que son más los niños que nacen que las personas que mueren, y en el que hay registrados como demandantes 253 solicitantes. Dentro del área de Compostela destacan otros concellos como Teo, con 72. Situación similar se da en los cinturones de otras ciudades, como A Coruña, con más de 281 solicitudes en Arteixo o 361 en Oleiros; o las 335 de Mos, en el área metropolitana olívica.

Todo esto con unos precios de los alquileres disparados, subiendo casi a un ritmo dos veces superior al de los salarios medios . En las grandes urbes resulta muy complicado, por no decir imposible, especialmente en el caso de A Coruña y Vigo, encontrar inmuebles para arrendar que bajen de los 600 euros. Así las cosas, es precisamente el alquiler lo que más demandan aquellos inscritos en el registro del IGVS. Lo hacen siete de cada diez solicitantes.

Con la demanda disparada, la Xunta saca pecho por las «más 3.000 vivendas públicas actualmente en marcha», eso sí, en distintas fases. «Estamos desarrollando suelo para que se puedan construir 25.000 viviendas, 20.000 de ellas protegidas», señalan desde el departamento responsable, al tiempo que explican que el compromiso, «de acuerdo con el nuevo Pacto de Vivienda, es conseguir un parque público residencial de 10.000 inmuebles para 2030», por lo tanto, lo que ocurra a lo largo de este año «va a ser decisivo».

Un impulso público a la vivienda protegida que contrasta con el periodo inmediatamente anterior a la llegada de Rueda a la Xunta: con solo 1.555 inmuebles iniciados entre 2012 y 2022. Esta apuesta se percibe también en el Registro de Demandantes que en tan solo cuatro años, desde 2022, ha pasado de los 17.827 solicitantes a los 30.728 que hay en la actualidad.