El Consello de Contas advierte: la Zona de Bajas Emisiones de Santiago debe revisar su diseño para evitar un cumplimiento "meramente formal"
A pesar de la obligación legal, solo A Coruña y Pontevedra tenían ZBE operativas a marzo de 2025, mientras que Santiago, Lugo, Ourense, Ferrol y Vigo aún no disponían de ellas

Tráfico intenso en la rúa da Senra (Santiago) / Jesús Prieto

El Consello de Contas advierte del retraso generalizado en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en las grandes ciudades gallegas, pese a que la obligación legal era tenerlas en marcha antes de 2023.
El órgano fiscalizador concluye que únicamente A Coruña y Pontevedra cumplían con ese objetivo a 31 de marzo del 2025, mientras que el resto de urbes de más de 50.000 habitantes seguían sin disponer de una ZBE (áreas donde se restringe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes) en vigor.
El informe, aprobado por el pleno del Consello el pasado 16 de marzo, señala expresamente que «los concellos que no dispongan de ZBE deberían iniciar su tramitación» o, si ya la tienen iniciada, acelerar los pasos necesarios para su establecimiento.
El órgano fiscalizador insiste en que la implantación de las ZBE es una herramienta clave para luchar contra el cambio climático y mejorar la salud pública
Entre los casos que destaca figura el de Santiago, que, a fecha de la fiscalización, no disponía de zona de bajas emisiones, aunque tenía un proyecto técnico en tramitación. Además, el Consello de Contas avisa de que tanto Santiago como Lugo deben revisar la delimitación planteada para evitar que se convierta en un cumplimiento «meramente formal», sin efectos reales sobre el tráfico y la contaminación.
Según la auditoría, a 31 de marzo de 2025 solo A Coruña y Pontevedra tenían alguna ZBE vigente y en funcionamiento. En cambio, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago y Vigo seguían sin ella.
La fiscalización examina los siete concellos gallegos de más de 50.000 habitantes —A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo— y recuerda que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligaba a todos ellos a implantar estas zonas antes del 2023.
Ve carencias en el proyecto de Santiago
En el caso compostelano, el informe detalla que el ayuntamiento justificó la demora por la insuficiencia de recursos humanos. El Consello de Contas también subraya que la futura ZBE de Santiago se apoya en la protección del casco histórico y del patrimonio, pero reprocha que en su diseño no se identificasen los puntos de mayor congestión ni las áreas de mayor impacto ambiental, ni se tuviesen en cuenta las horas punta y los flujos de tráfico en distintos momentos del día.
En Santiago, la Zona de Bajas Emisiones se limita al área peatonal del casco histórico. En la rúa Virxe da Cerca y el entorno de la Praza de Galicia no habrá ningún tipo de restricción.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno compostelano modificó la Ordenanza de Circulación y Uso de la Vía Pública para permitir la restricción total del acceso de vehículos a la ZBE si se declara un episodio de contaminación. Así, argumenta Raxoi, no es necesario prohibir el paso de vehículos contaminantes. Residentes y repartidores podrán seguir accediendo independientemente de qué etiqueta medioambiental lleve su turismo o furgoneta, salvo en estos casos concretos de episodios de contaminación.
Objetivo: mejorar la calidad del aire
El Consello de Contas subraya que las ZBE no deben convertirse en un mero trámite formal para cumplir con la ley, sino que deben diseñarse con criterios técnicos que permitan reducir de forma efectiva las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. En este sentido, recomienda a los ayuntamientos que aún no disponen de zonas de bajas emisiones que aceleren su implantación y refuercen la planificación, incorporando análisis de tráfico, horarios de mayor intensidad y medidas concretas de restricción y control.
El informe también señala dificultades comunes en los concellos, como la falta de recursos humanos especializados, la complejidad técnica de los proyectos y la necesidad de coordinar estas medidas con los planes de movilidad urbana sostenible. A ello se suma la dependencia de financiación estatal y europea para acometer las actuaciones necesarias.
Pese a estas dificultades, el órgano fiscalizador insiste en que la implantación de las ZBE es una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la salud pública, por lo que insta a las administraciones locales a “impulsar sin demora” su puesta en marcha y garantizar que cumplan con los objetivos para los que fueron concebidas.
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