Apartan a Luis Villares de la sala del TSXG que juzga las autorizaciones eólicas y la causa sobre la gestión público-privada del Cunqueiro

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio, ha tomado la decisión de apartar al magistrado Luís Villares de la sección tercera, encargada de resolver asuntos sensibles para el Ejecutivo gallego como las autorizaciones eólicas o la causa por la gestión público-privada del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, además de su traslado forzoso a la sección cuarta, tal y como informó esta mañana la Cadena Ser.

Recio toma esta decisión menos de un mes después de su toma de posesión como nueva presidenta de esta Sala. Un cargo al que accedió tras derrotar al propio Villares en el proceso de selección. El argumento de la magistrada apela a la necesidad de «salvaguardar la imagen de la institución y preservar la imagen de imparcialidad» del tribunal. Una decisión que llega tras la anulación en enero por parte del Tribunal Supremo de hasta tres sentencias del TSXG vinculadas al Álvaro Cunqueiro, precisamente por la participación de Villares. El Alto Tribunal no entró en el fondo de los asuntos, pero sí fijó una idea: las posiciones públicas del magistrado durante su etapa política como líder de En Marea, demandando que el mencionado hospital pagase el IBI, podían proyectar una duda objetiva sobre su neutralidad.

Cabe mencionar que estas sentencias sobre el caso Cunqueiro o las reiteradas negativas a la autorización de parques eólicos en la comunidad emitidas por la sección tercera no fueron firmadas solo por el juez Villares, sino también por otros tres magistrados. Junto a Villares, Recio ha apartado también a estos tres profesionales de las funciones que venían desempeñando. Sin embargo, en sus casos, asegura la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que lo hace para promover su promoción en la carrera profesional.

Sector eólico

Pese a que María Azucena Recio motiva su decisión, principalmente, en el caso Cunqueiro donde la 'parcialidad' de Villares ocasionó la revocación de hasta tres sentencias por parte del Tribunal Supremo. En los últimos años, la actividad de la sección tercera del TSXG estuvo en tela de juicio por la continua denegación de nuevos parques eólicos en la comunidad.

Decisiones judiciales fuertemente criticadas por el sector empresarial y también por el Ejecutivo gallego. El tema llegó, incluso, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dio la razón a la Xunta y al sector eólico a este respecto.

La asociación judicial progresista Juezas y Jueces por la Democracia enmarca, precisamente, el traslado forzoso en un contexto de presión sostenida por la actuación de la sección tercera en materia eólica. En su comunicado, el colectivo recuerda que este órgano venía resolviendo litigios de enorme trascendencia económica y social vinculados a autorizaciones administrativas de parques eólicos, un ámbito en el que sus resoluciones habían generado fricciones con la Xunta y con el propio sector empresarial. En ese sentido, advierten de que el cambio en la composición de la sala no puede analizarse al margen de ese escenario, marcado por críticas públicas reiteradas a sus decisiones y a la labor de sus integrantes.

De hecho, la asociación va un paso más allá y deja entrever que la reorganización puede estar conectada con ese clima de contestación. Señalan que «no es descartable que la ciudadanía pueda pensar» que las presiones políticas y económicas acabaron influyendo en la modificación de la sección que juzga los proyectos eólicos en Galicia. Una sospecha que, subrayan, impacta directamente en la percepción de independencia judicial y en la confianza pública en el tribunal, al proyectar la idea de que la composición de los órganos puede alterarse en función de los intereses en juego en litigios de alto valor estratégico.

Las reacciones políticas a la decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no tardaron en llegar. Desde las filas del BNG vinculan la decisión de Recio al Partido Popular. «O PP en Galiza, máis desatado e botado ao monte cá nunca, quitando xuíces do seu posto de traballo porque lle estorban na súa política de depredación. Demoque?», escribió la diputada Olalla Rodil en redes.